Funcionarias de Collipulli que vendían licencias de conducir quedan en prisión preventiva
Las mujeres junto cuatro "promotores" fueron imputadas de vender 27 documentos a $200 mil cada uno, siendo formalizadas por asociación delictual, cohecho, soborno y falsificación de instrumento público.
Un total de seis personas -dos de ellas trabajadoras de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Collipulli- fueron formalizadas por la venta fraudulenta de licencias de conducir a 27 "clientes", ninguno de ellos imputados por el momento.
Las funcionarias públicas -una a contrata y otra a honorarios- habrían cobrado 200 mil pesos a cada persona, lo que hacían a través de "promotores", quienes actuaban captando los clientes y facilitando el proceso, que desde adentro gestionaban las mujeres, de iniciales B.O.I.P. y M.I.C.R.
Con ellas fueron formalizados otros cuatro sujetos, quienes actuaban como captadores de clientes, según lo informó el fiscal Nelson Moreno, quien presentó escuchas telefónicas y videos de seguimientos. "Se realizó la audiencia de formalización en contra de seis imputados, dos de ellos funcionarios públicos de la Municipalidad de Collipulli, los cuales fueron formalizados por los delitos de asociación delictual, delito de cohecho, soborno y falsificación de instrumento público”, explicó el fiscal Moreno.
Las mujeres y uno de los "promotores" quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros 3 imputados -también captadores de clientes- quedaron con arresto domiciliario total.
27 licencias falsas
El fiscal agregó que se detectaron 27 hechos en los que particulares pagaban, a través de intermediarios, a estas funcionarias para aprobar los distintos procesos para la obtención de la licencia de conducir, sin que hasta el momento haya sido detenido ninguno de sus "clientes", quienes participaron directamente de los hechos investigados.
En forma paralela el alcalde de la comuna Manuel Macaya instruyó un sumario para establecer las acciones desarrolladas por las funcionarias imputadas y su responsabilidad administrativa.
El Juzgado de Garantía determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación, mismo tiempo en que los imputados permanecerán bajo las medidas cautelares ya señaladas.
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