Serias irregularidades detectó la Contraloría General de la República (CGR), luego de una auditoría realizada a la adquisición e instalación de viviendas de emergencia, luego de los incendios ocurridos en el verano de 2023, en la comuna de Galvarino; las que habrían sido adquiridas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), a la Fundación Vivienda.

Lo primero constatado por la CGR, fue que en el propio Senapred existen deficiencias administrativas para asegurar que las viviendas adquiridas fueran habitables y estuvieran en buen estado para su utilización, en lo que hace responsable además a la Municipalidad de Galvarino. "No consta que SENAPRED haya emitido actos administrativos que definieran a los responsables de los distintos hitos relacionados con el proceso de instalación, recepción y postventa de las viviendas de emergencia, y tampoco se advierte que Municipalidad de Galvarino haya entregado instrucciones formales a las distintas direcciones y/o departamentos municipales relacionadas a las tareas encomendadas por ese servicio público para el proceso de recepción de las viviendas de emergencias y sus revisiones posteriores", dice la Contraloría.

Filtración de agua y viento

"Se detectó en las inspecciones efectuadas en terreno por este Organismo de Control, que estas soluciones de habitabilidad -en general- mantienen distintas debilidades en el ámbito constructivo y de emplazamiento que no permiten asegurar la impermeabilidad al agua y al viento, como tampoco, a mantener adecuadas condiciones de aislamiento térmico, tales como, presencia de humedad en las puertas de acceso principal", denuncia la CGR.

Además, dice la Contraloría, las viviendas no son adecuadas a la realidad climática de la zona. "En el diagnóstico de la necesidad de vivienda considerada por la SENAPRED, no se adecuó a la realidad climática y condición rural de la zona afectada, y además se llevó a cabo un proceso de compra de viviendas de emergencia sin contemplar la debida instalación de servicios básicos -fosa séptica y electricidad- ya que aquello recayó en la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, DPR, circunstancias que afectaron la correcta y oportuna habitabilidad de las viviendas por parte de las personas que fueron afectadas por los incendios", agrega el ente fiscalizador.

Casas sin fosas sépticas

Sin embargo, lo más grave está en que los baños no tenían conexión para eliminar las heces o las aguas servidas. "Por otra parte, en lo que respecta a los servicios básicos a cargo de la DPR, se comprobó que la disposición de las fosas sépticas se realizó hasta 4 meses después de la instalación y recepción de las soluciones habitacionales", informa la Contraloría.

"... a lo menos, 7 de ellas presentaban diversas deficiencias técnicas, ya sean, que no se encontraban cubiertas con relleno hasta el nivel de la tapa y/o con evidente desgaste y malformación de material debido a su instalación, lo que genera un eventual riesgo de desconexión de las tuberías, así también, no fue posible verificar que los tubos de ventilación hayan sido conectados antes o después de las fosas séptica, y que no se hizo uso de gravilla en los drenes, entre otras situaciones, las que pueden provocar atascamiento y, por ende, posteriores filtraciones al suelo", agrega la CGR sobre las fosas sépticas de las viviendas entregadas.

Por lo anterior, la Contraloría exige que la Delegación Presidencial Regional adjunte los antecedentes que permitan verificar que las instalaciones de las fosas sépticas cumplen con lo dispuesto en el capítulo III, del decreto N° 235, de 1926, Reglamento General de Alcantarillados Particulares Fosas Sépticas, Cámaras Filtrantes, Cámaras de Contacto, Cámaras Absorbentes y Letrinas Domiciliarias.

Casas sin electricidad

"En cuanto al servicio de instalación eléctrica de la referida DPR, cabe señalar que este Organismo de Control verificó en terreno que existen 6 casas que no cuentan con suministro de electricidad de manera formal", denuncia la Contraloría General de la República, lo cual podría generar riesgos para los ocupantes de las cimientas, como descargas eléctricas o incendios.

Finalmente, la CGR detecta que algunas de estas viviendas de emergencia fueron instaladas incumpliendo los plazos señalados en las especificaciones técnicas fijadas en las bases administrativas del convenio suscrito, por lo que se instruye al Senapred "adoptar acciones orientadas a determinar la eventual aplicación de multas por los atrasos informados".