La Contraloría General de la República (CGR) determinó recientemente, en el informe final emitido luego de fiscalizar a la Municipalidad de Loncoche, que uno de los abogados municipales del organismo público realizó actividades laborales prohibidas por Ley, tanto en el uso de su tiempo al servicio del municipio, como al patrocinar causas en contra de organismos públicos, lo que está prohibido en el caso de los abogados que trabajan en el servicio público (municipios incluidos).

"Se verificó que el asesor jurídico ... funcionario de la Municipalidad de Loncoche, tramitó electrónicamente 99 escritos y compareció en 7 audiencias como abogado de sus representados en causas particulares –en el ejercicio libre de su profesión-, en un horario que estaba comprendido dentro de la jornada laboral que cumple en el municipio, y sin que exista una ausencia justificada a sus funciones en dichos periodos, razón por la cual, habría utilizado parte del tiempo de su jornada laboral en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales", determinó la Contraloría.

Sin embargo, el abogado en cuestión además participó en acciones legales en contra de otros organismos públicos, como detectó la CGR. "Asimismo, se advirtió que el asesor jurídico, desde su ingreso a la Municipalidad de Loncoche, participó en el ejercicio libre y particular de su profesión, en 21 acciones deducidas en contra de un Organismo de la Administración del Estado", señala el informe.

Con ello, de acuerdo a la Contraloría, se vulnera lo dispuesto en el artículo 56, inciso segundo de la ley N° 18.575, que dispone que es incompatible con el ejercicio de la función pública, la representación de un tercero en acciones civiles deducidas en contra de un Organismo de la Administración del Estado.

Las irregularidades detectadas contravendrían el principio de probidad administrativa, "principio que, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Entidad de Control, no solo constituye un sinónimo de honestidad que se expresa en un ámbito específico de la actividad administrativa, sino que alcanza a todas las actividades que un servidor público realiza en el ejercicio de su función", puntualizó la CGR.

Sobrina de la concejala

 Pero la Contraloría no sólo detectó lo que hacia el asesor jurídico de Loncoche, si no que se percató además de que una sobrina de la concejala Adriana Quintana Jofre (Partido Radical), había sido contratada con posterioridad a que la autoridad fuese electa.

"Se corroboró que la funcionaria doña xxxx es sobrina de la concejal de la comuna de Loncoche, doña Adriana Quintana Jofre, e ingresó a esa entidad edilicia en calidad de honorarios desde el 20 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022", señala la Contraloría.

"Por su parte, doña Adriana Quintana Jofre, fue proclamada concejal de la Comuna de Loncoche, en el año 2016. De lo anterior, se desprende que la funcionaria ingresó a la Municipalidad de Loncoche con posterioridad a la proclamación como concejal de su tía, doña Adriana Quintana Cofré, configurándose la inhabilidad de ingreso contemplada en el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575", puntualizó el organismo contralor.

"A consecuencia de lo anterior, mediante el decreto alcaldicio N° 290, de 10 de marzo de 2022, la Municipalidad de Loncoche aceptó la renuncia de la aludida funcionaria", finalizó la CGR.

En relación al caso del abogado, la Municipalidad de Loncoche deberá realizar un sumario administrativo para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan.