Mientras el camarógrafo de Ufromedios Carlos Morales Cárdenas, reporteaba el caso "Pradenas", el 22 de julio de 2020, en el sector poniente de la ciudad de Temuco, fue agredido por funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, resultando con lesiones y además, siendo privado de libertad de manera ilegal.

Por lo mismo, el cabo segundo de Carabineros en servicio activo, Francisco Ramírez Vergara, quedó con firma mensual, prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional, luego de que se formalizara la investigación en su contra por los delitos de vejación injusta e infracción a la ley de prensa.

En la oportunidad, el abogado Juan Pablo Jaramillo, quien representa a la víctima, dijo que además de los delitos por los cuales fue formalizado el carabinero, buscarían que se amplíe la investigación a otros funcionarios, por el delito de apremios ilegítimos y detención ilegal.

Salida alternativa

Sin embargo, la defensa del acusado solicitó una salida alternativa, lo que podría dejarlo sin una condena por lo sucedido y a la vez, sin castigo el resto de implicados, partiendo por quien dio la orden de detener al camarógrafo de Ufrovisión. Por lo mismo, desde el Colegio de Periodistas se opondrán a la solicitud, que se deberá resolver en la próxima audiencia fijada para el 10 de mayo en el tribunal de garantía.

"El Colegio de Periodistas se opone a esta salida alternativa, nosotros queremos llegar a un juicio, dado que los hechos son gravísimos, acá el colega sufrió vejaciones, una agresión muy grande", dijo Calor Valverde, presidente del Colegio de Periodistas Araucanía.

"Nosotros queremos una sentencia, una sentencia ejemplar, ya que la labor del periodismo no tiene que ser transgredida de esta forma. Acá se coartó la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa, el Derecho a la Información, que es un derecho consagrado en nuestra sociedad ...", agregó Valverde.

"Ojalá que se pueda individualizar al carabinero que dio la orden de agredir a Carlos ... no esperamos menos. Acá las policías, el Estado y todas las instituciones civiles tienen que entender y exigimos poder hacer nuestro trabajo sin que nuestros derechos sean vulnerados", puntualizó Valverde.

Como querellantes interviene además el Instituto Nacional de Derechos Humanos ante la vulneración de la Ley de Prensa, al impedir el derecho a la información, consagrado en nuestra sociedad.