
Cinco niños quedan atrapados en ascensor de edificio residencial en Temuco
La demora del rescate puso en tela de juicio los procedimientos y protocolos en estas situaciones, donde inicialmente se solicitó "no llamar a Bomberos".
Se pidió además que se individualice al responsable de dar la orden de agredir a Carlos Morales, camarógrafo de Ufromedios, quien fue detenido ilegalmente en 2020 mientras trabajaba en el caso "Pradenas".
La Región08/04/2024Mientras el camarógrafo de Ufromedios Carlos Morales Cárdenas, reporteaba el caso "Pradenas", el 22 de julio de 2020, en el sector poniente de la ciudad de Temuco, fue agredido por funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, resultando con lesiones y además, siendo privado de libertad de manera ilegal.
Por lo mismo, el cabo segundo de Carabineros en servicio activo, Francisco Ramírez Vergara, quedó con firma mensual, prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional, luego de que se formalizara la investigación en su contra por los delitos de vejación injusta e infracción a la ley de prensa.
En la oportunidad, el abogado Juan Pablo Jaramillo, quien representa a la víctima, dijo que además de los delitos por los cuales fue formalizado el carabinero, buscarían que se amplíe la investigación a otros funcionarios, por el delito de apremios ilegítimos y detención ilegal.
Sin embargo, la defensa del acusado solicitó una salida alternativa, lo que podría dejarlo sin una condena por lo sucedido y a la vez, sin castigo el resto de implicados, partiendo por quien dio la orden de detener al camarógrafo de Ufrovisión. Por lo mismo, desde el Colegio de Periodistas se opondrán a la solicitud, que se deberá resolver en la próxima audiencia fijada para el 10 de mayo en el tribunal de garantía.
"El Colegio de Periodistas se opone a esta salida alternativa, nosotros queremos llegar a un juicio, dado que los hechos son gravísimos, acá el colega sufrió vejaciones, una agresión muy grande", dijo Calor Valverde, presidente del Colegio de Periodistas Araucanía.
"Nosotros queremos una sentencia, una sentencia ejemplar, ya que la labor del periodismo no tiene que ser transgredida de esta forma. Acá se coartó la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa, el Derecho a la Información, que es un derecho consagrado en nuestra sociedad ...", agregó Valverde.
"Ojalá que se pueda individualizar al carabinero que dio la orden de agredir a Carlos ... no esperamos menos. Acá las policías, el Estado y todas las instituciones civiles tienen que entender y exigimos poder hacer nuestro trabajo sin que nuestros derechos sean vulnerados", puntualizó Valverde.
Como querellantes interviene además el Instituto Nacional de Derechos Humanos ante la vulneración de la Ley de Prensa, al impedir el derecho a la información, consagrado en nuestra sociedad.
La demora del rescate puso en tela de juicio los procedimientos y protocolos en estas situaciones, donde inicialmente se solicitó "no llamar a Bomberos".
El docente habría ganado hasta un millón mensual haciendo funcionar 40 computadores día y noche, lo que puso en riesgo a la comunidad escolar.
Son más de 400 los empresarios que han sufrido atentados, afectando a sus trabajadores y familias, directa e indirectamente.
Matías y Eriberto Ancalaf Prado fueron condenados a 15 años por el asesinato del sargento Francisco Benavides, el 24 de mayo del 2021 en Collipulli.
La Contraloría detectó además que el jefe de traumatología decidía qué pacientes operar en intervenciones compradas, aunque era parte del equipo que operaba.
El hoy fiscal regional de Coquimbo nació en Temuco y comenzó su carrera del Ministerio Público en Loncoche en el año 2000.
Es de esperar que este año no mueran más personas en situación de calle por frío, como viene sucediendo en los últimos inviernos.
Afirmaron que de lo contrario demostrarían su falta de voluntad para resolver el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche.
La Contraloría detectó además que el jefe de traumatología decidía qué pacientes operar en intervenciones compradas, aunque era parte del equipo que operaba.
Según la fiscalía, Rubén Cheuquepán debía declarar por videoconferencia, lo que le imposibilitaba comunicarse con su abogado de forma simultánea y en persona.