359 parientes o funcionarios del Hospital de Angol se "saltaron la fila" para acceder a una cirugía en 2023

Hoy la Contraloría General de la República (CGR) presentó los informes de auditoría realizados a los hospitales regionales de Osorno, Angol, Talca y Ovalle, detectando diversas irregularidades en la gestión de las listas de espera de estos recintos asistenciales.

El ente Contralor explicó que en estos recintos, familiares o los propios funcionarios fueron intervenidos quirúrgicamente, en tiempos de espera inferiores al promedio, en comparación con otros pacientes que aparecen en las listas de espera.

En el caso de Angol, la Contraloría detectó que entre enero y diciembre de 2023 se realizaron 3.324 cirugías, de las cuales 359 fueron practicadas a parientes o funcionarios del Servicio de Salud de Angol y su red hospitalaria.

En esto casos, estas personas tuvieron un menor tiempo de espera para ingresar a pabellón, que el promedio de los demás pacientes. Además, cabe señalar que las intervenciones se realizaron sin ningún fundamento que justifique el por qué estas cirugías fueron priorizadas.

Cirugías canceladas

Por otra parte, la CGR detectó que de 153 intervenciones canceladas, 130 se suspendieron por causas no atribuibles a los pacientes, como por ejemplo, falta de insumos o stock insuficiente, instrumental incompleto o no disponible, equipamiento no operativo, entre otros.

Adicionalmente, la Contraloría determinó que el Hospital de Angol tampoco existe un protocolo formalizado que regule las pasantías que realizan los profesionales médicos. Por lo mismo, se advirtió que una médico cirujano general, llevó a cabo 13 intervenciones en calidad de médico pasante y que la profesional actuó como único cirujano en cinco de estas intervenciones quirúrgicas categorizadas como menores, y que en las ocho restantes, correspondientes a cirugía mayores, no queda claro quién fue el médico tutor responsable.

Por lo anterior, la Contraloría instruyó al Hospital de Angol realizar un procedimiento disciplinario, para establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos representados.