Comunidades de Pueblos Originarios dirigen carta a candidatos presidenciales por “Ley Lafkenche”

Como comunidades de pueblos originarios, particularmente Diaguita, Colla, Chango, Mapuche Lafkenche, Mapuche Williche, Yagán y Kawésqar, de Atacama a Magallanes, nos dirigimos a ustedes con urgencia para defender una herramienta vital para la protección de nuestros derechos y de los ecosistemas marinos-costeros de Chile: la Ley N°20.249, conocida como “Ley Lafkenche”. 

Esta legislación, que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), no es un capricho, sino la respuesta a una invisibilidad y discriminación histórica, que permite a nuestros pueblos sostener el ejercicio de sus usos consuetudinarios y culturales en el territorio marino, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. 

La protección de nuestros mares es vital para la salud del planeta. Este clamor emana con una urgencia cada vez mayor tanto desde la comunidad científica como desde el sistema jurídico internacional. La crisis climática se nos presenta ya cotidianamente con efectos devastadores en la vida de las personas en todo el globo, con fuertes aumentos de incendios, inundaciones, sequías, deshielos y con la extinción progresiva de especies vitales para los ecosistemas.

Sus efectos son catastróficos también en nuestra propia y larga faja costera. Quien la haya conocido hace 30 años sabe que el cambio es radical. De norte a sur, los suelos marinos se encuentran estériles y la disminución en la diversidad de especies marinas es estrepitosa.

Esperamos que cualquier política de Estado refleje esta realidad. La Ley N°20.249 cumple un rol clave en ella a través de la protección de culturas que se dedican a actividades costeras sostenibles.

Lamentablemente, asistimos hoy a una ofensiva política y comunicacional que busca desmantelar la Ley Lafkenche bajo el pretexto de "perfeccionarla". Sin embargo, las modificaciones actualmente impulsadas en el Senado, obedecen principalmente a intereses económicos y cortoplacistas, y se fundamentan en argumentos carentes de sustento. Estas propuestas representan un grave retroceso en los estándares de protección. 

Lo más preocupante es que este proceso legislativo se ha realizado fuera de la norma, sin respetar los procedimientos de consulta y participación establecidos por el Convenio 169 de la OIT, vulnerando abiertamente nuestra autonomía y el espíritu del marco legal internacional al que Chile adhiere.

Además, se sostienen sobre argumentos no fundamentados. Las insistentes acusaciones de "abuso" o “paralización arbitraria de actividades" por parte de las comunidades son injuriosas, carecen de evidencia empírica y buscan proyectar estereotipos negativos para justificar una agenda que privilegia el crecimiento económico de una industria por sobre los derechos ancestrales, la conservación de la riqueza natural y de las formas de vida rural tradicional.

Resulta vergonzoso que quienes aspiran a liderar el país desconozcan la ley que buscan desmantelar y repitan sin cuestionamiento las falsedades promovidas por sectores industriales que históricamente han incurrido en reiteradas faltas a la normativa. Acusan a nuestros pueblos de actuar con mala fe y de obstaculizar el desarrollo, pero hasta la fecha no existe ninguna denuncia formal ante Sernapesca por infracciones a la Ley N° 20.249.

Se nos exigió adaptarnos a los lenguajes institucionales y a formas ajenas de hacer política. Lo hicimos: dialogamos, nos manifestamos pacíficamente, desarrollamos estudios e investigaciones, construimos alianzas, lideramos la elaboración de regulaciones, normas y leyes que reconocieran en su propio marco jurídico nuestro derecho a existir, a no ser expulsados de nuestros territorios, a no ser forzados a adoptar estilos de vida urbana, despojándonos también de nuestras culturas. Sin embargo, no fue suficiente.

La modificación de la Ley N°20.249 no es solo un retroceso en derechos, sino un acto de discriminación racial en sí mismo. La persistencia de esta iniciativa legislativa, sumado al clima de hostilidad territorial que la acompaña, son una señal alarmante de que el histórico genocidio contra nuestros pueblos puede continuar bajo otras formas.

Solicitamos a ustedes, como futuros líderes de esta nación, que demuestren un compromiso real con la protección de los derechos de los pueblos originarios y la conservación de los ecosistemas marinos, además de un respeto a los mecanismos de diálogo y burocracia que tanto exigen hacia afuera. 

Es imperativo que se detenga cualquier modificación regresiva a la Ley Lafkenche, que no cuente con nuestra consulta y acuerdo. Su rol será fundamental para revertir el racismo institucional y proteger un legado cultural y ambiental que es único en el mundo, que cumple un rol esencial en el equilibrio natural global, que está en peligro y que nos pertenece a todos. 

Les invitamos a no hacerse parte de su destrucción. Les instamos a ser responsables y a no sumarse a las campañas de odio y noticias falsas. El desarrollo sólo será posible si admite la diversidad y resiste una proyección a largo plazo. Largo plazo como el tiempo que nuestros pueblos han perdurado junto a sus entornos naturales en este espacio compartido, hoy llamado Chile.