Documentos de la Agencia de Desarrollo se encuentran "extraviados" o fueron "ocultados"
Fueron 9 mil millones de pesos los que se distribuyeron entre 328 beneficiarios, todos emprendedores y pequeños empresarios, o al menos así debía ser, según las bases del programa denominado: “Transferencia Fortalecimiento Productivo de La Araucanía 2021”, Código BIP N°40036206-0, o conocido como “Reactivación Económica de las MIPYMES de la región de La Araucanía”, ejecutado por la Corporación Agencia de Desarrollo Araucanía, con recursos provenientes del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía.
Sin embargo, tras una larga investigación del propio Gobierno Regional, ya que la fiscalía regional poco o nada ha hecho, se logró determinar una serie de eventuales irregularidades, que derivaron en la presentación de una querella criminal en contra del ex gobernador regional, su equipo cercano y en particular, acusando a los exgerentes de la corporación Claudina Uribe, Sebastián Hunter y Claudio Rosas, además de los abogados Luis Herrera y la actual seremi de Justicia Stephanie Caminondo; así como al ex DAF Marcelo Jano.
El programa, que inicialmente distribuiría $2 mil millones, fue ampliado a 4 mil y finalmente, se le sumaron $5 mil millones más, quedando en un total de 9 mil millones de pesos, con el fin de ampliar el universo de beneficiarios, modificando de paso requisitos y condiciones.
"La gravedad de la irregularidad radica en que los mismos integrantes de la Comisión Estratégica -en su calidad de Directores de la Corporación- aprobaron o consintieron la modificación de las Bases que amplió el universo de postulantes, para luego, en la misma posición de conflicto de interés, participar en la selección de los proyectos que recomendarían para adjudicación", señala la querella presentada por René Saffirio.
"Ello configura un esquema de captura del proceso evaluativo que compromete la legalidad de las adjudicaciones efectuadas", agrega.
Faltan actas
El problema, cuenta Saffirio, es que además no se han encontrado las actas de sesión de estas comisiones, lo que no ha permitido tomar conocimiento de lo obrado y de los criterios utilizados. "... La falta de actas de las sesiones de esta Comisión impide conocer los criterios de selección efectivamente aplicados, los proyectos evaluados y los fundamentos de la recomendación presentada al Directorio, lo que en sí mismo vulnera los principios de transparencia y probidad que deben regir la administración de fondos públicos", denuncia la querella.
"La investigación criminal deberá establecer si la ausencia de documentación responde a una conducta dolosa orientada a encubrir las irregularidades del proceso", agrega Saffirio.
"En este orden de ideas, es importante recalcar que solamente constan actas de sesiones de directorio, que designa a los integrantes de esta comisión y, otras posteriores mediante las cuales esta comisión recomienda al directorio los proyectos a adjudicar, mas no actas de sesiones de esta comisión", explica además.
existe motivos plausibles para determinar que estos antecedentes fueron ocultados por los involucrados
Finalmente y aunque muchos documentos fueron incautados por la Policía de Investigaciones (PDI), se desconoce si existen o fueron destruidos u ocultados intencionalmente. "Esta Corporación querellante no mantiene en sus antecedentes copias de la(s) acta(s) de esta comisión. Por tanto, existen indicios fundados de que no existen antecedentes sobre el proceso ... o bien, existe motivos plausibles para determinar que estos antecedentes fueron ocultados por los involucrados", puntualiza la querella.
Sin embargo, queda la duda plausible —manifestada incluso por algunos lectores de AraucaniaDiario— sobre el contenido de lo incautado por la Policía de Investigaciones (PDI) el año pasado y si los documentos faltantes podrían estar entre estas cajas y archivadores requisados.