La decisión de los consejeros deja en pausa temporal la entrega de recursos a 1.271 iniciativas sociales, deportivas y comunitarias de las 32 comunas que habían superado evaluación técnica.
Tras un informe de la Contraloría se da la razón al gobernador regional René Saffirio: el ex fiscal regional Roberto Garrido debió haberse inhabilitado.
"La determinación de eventuales responsabilidades corresponde exclusivamente a los organismos competentes (fiscalía y tribunales de Justicia)", señaló.
En 2022 recibieron $2.839 millones en un programa para las personas mayores de la región y no ejecutaron la totalidad. Además, la universidad está intentando invalidar la letra de cambio que dejaron en garantía.
Según el gobernador regional René Saffirio, las actas de adjudicación de 9 mil millones de pesos que beneficiaron a 328 postulantes no han sido encontradas.
Los recursos permitirán ampliar programas de innovación, emprendimiento e inversión, beneficiando a pymes, cooperativas y sectores estratégicos hasta 2028.
René Saffirio advirtió que esta situación podría repetirse en los años venideros, afectando la salud pública y favoreciendo el fortalecimiento de la salud privada.
La máxima autoridad regional resaltó el profundo contraste entre las investigaciones del Ministerio Público y la Contraloría, cuando se trata de la universidad donde trabaja Garrido y su señora.
El dirigente gremial Jaime Candia estaba a cargo de la Unidad de Auditoría Interna desde 2014 y fue removido de sus funciones, vulnerando su fuero sindical.
Mario Fuentes Estay, dirigente gremial de derecha, había sido desvinculado en marzo y el Juzgado del Trabajo de Temuco lo reinstaló en su puesto de trabajo.
René Saffirio ofició al fiscal nacional Angel Valencia para que declare inhabilitado a Garrido, ya que él y su esposa trabajan para la casa de estudios.
El Tercer Tribunal Ambiental de Chile tiene listo el fallo donde WTE Araucanía busca revertir la decisión del Gobierno, de no autorizar su funcionamiento.