Fiscal regional Roberto Garrido adjudicó más de 95 millones en trato directo a empresa de funcionaria

El fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido, es hoy el principal candidato del fiscal nacional Ángel Valencia, para el cargo de fiscal regional del Bíobío, concurso al que postuló para aprovechar así otros 8 años más dirigiendo una fiscalía, ya que en nuestra región su periodo termina en 3 años más y si bien es cierto, el espíritu de a Ley era que los fiscales regionales no pudieran renovar o seguir otro periodo más, los fiscales le encontraron un "vacío" a la ley y renuncian antes de cumplir 8 años en el cargo, para volver a postular.

"Hecha la Ley, hecha la trampa", dice un dicho popular y en este caso se le habría que sumar la "sillita musical", práctica rechazada y criticada también por la opinión pública. Pero nada parece ya importar.

Pues bien, el medio digital Interferencia publicó ayer información sobre una serie de contrataciones de servicios en la fiscalía nacional a la empresa de una funcionaria pública, sin licitación pública y usando la excepción del trato directo.

Así, entre el fiscal nacional Ángel Valencia y el fiscal regional Roberto Garrido, adjudicaron $830 millones a Suma Cuatro Consultores, empresa constituida por la funcionaria pública Claudia Díaz Carvajal y una socia quien también trabajó en el sector público.

Los hechos

Según el medio Interferencia, durante el segundo semestre de 2024, el Ministerio Público evaluó que, para cumplir adecuadamente con la atención y protección de víctimas y testigos de delitos, necesitaba contar con canales de comunicación expeditos y eficientes acordes al volumen de causas que gestionaba a nivel nacional.

En ese contexto, la Fiscalía Nacional concluyó que era necesaria la contratación de una consultoría que apoyara el desarrollo de una plataforma integral de contactabilidad para víctimas y testigos.

La institución argumentó que, dada la especificidad del servicio requerido, este no se encontraba disponible mediante Convenio Marco en la plataforma de Mercado Público. Por esa razón, en agosto de 2024 autorizó una licitación privada por un monto estimado de $65.000.000.

Al proceso fueron invitadas tres consultoras con experiencia comprobada en la materia, pero solo una presentó una oferta: Suma Cuatro Consultores Limitada.

Sin embargo, surgió un problema.

En octubre de 2024, la licitación fue declarada desierta debido a que la oferta presentada por Suma Cuatro contenía un error en el documento de garantía de seriedad.

Este documento funciona como una garantía de que el proveedor mantendrá su oferta durante el proceso y que, en caso de adjudicarse la licitación, suscribirá el contrato en los términos propuestos.

Primer trato directo

Paradójicamente, ese error terminó posibilitando la contratación de la consultora. Al ser la única interesada en el proceso y cumplir con los requisitos técnicos y económicos, se autorizó su contratación mediante trato directo.

El contrato fue suscrito el 21 de noviembre de 2024 y contempló la entrega de los productos finales el 30 de junio de 2025.

Las contrapartes técnicas del Ministerio Público evaluaron positivamente la ejecución del proyecto. Posteriormente, la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional y la Política de Nuevo Trato a Víctimas y Testigos, propuso efectuar un segundo trato directo con Suma Cuatro Consultores, considerando su experiencia en el rubro y el trabajo previamente realizado para la institución.

Suma Cuatro presentó una oferta y, en julio de 2025, el Comité Asesor Experto en Materia de Tecnologías de la Información de la Fiscalía Nacional emitió una recomendación favorable, informando de ello al Comité de Gastos.

¿La cifra? $670.000.000.

Este segundo trato directo se fundamentó en la causal de magnitud, confianza y seguridad, contemplada en el reglamento interno del Ministerio Público para la aplicación de la Ley 19.886 de compras públicas. Dicha causal opera “cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado debido a la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos”.

Pese a ello, el mismo reglamento establece que “no resultará motivo suficiente para invocar esta causal la sola circunstancia de que el proveedor a contratar sea o haya sido proveedor del Ministerio Público o que se cuente con experiencia con él”. Sin embargo, el trabajo previamente realizado por Suma Cuatro fue uno de los argumentos utilizados para justificar la contratación.

Además, el reglamento señala que “la consideración de la experiencia debe realizarse de manera proporcional al objeto de la contratación, no debiendo en ningún caso suponer una vulneración al principio de libre concurrencia”. En ese marco, se presentaron como antecedentes una consultoría realizada para el Gobierno Regional de Santiago y el diseño e implementación de un sistema de contactabilidad para el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

No obstante, esta última experiencia fue adjudicada a una unión temporal de proveedores integrada por Suma Cuatro Consultores Limitada y Asesorías e Ingeniería Ahumada y Cruz SpA.

Trato directo

Con todo, el reglamento también dispone que la intención de efectuar un trato directo debe publicarse en Mercado Público cuando los montos involucrados así lo ameriten. Por ello, entre el 10 y el 17 de septiembre de 2025 se abrió una solicitud pública en la que no se presentaron otros proveedores.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, estampó su firma en el segundo trato directo en octubre de 2025 y el plazo estimado de ejecución quedó fijado para diciembre de 2026.

Sin embargo, el informe técnico que justificó la causal de trato directo, fechado en septiembre de 2025, señala expresamente que la contratación de la fase 2 del proyecto correspondía a una “asesoría para la continuación del desarrollo de plataforma y módulos del nuevo modelo de contactabilidad integral con víctimas, testigos y usuarios del Ministerio Público”.

La resolución que autorizó el trato directo un mes después, en cambio, indica que la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica contactó a la empresa y solicitó una oferta para los servicios de “desarrollo de un modelo y de una plataforma integral de contactabilidad de víctimas, testigos y usuarios”.

$95 millones más

Pese a que la resolución administrativa asociada a esta contratación establecía un plazo de ejecución proyectado hasta diciembre de 2026, en febrero de 2026 se autorizó una ampliación del contrato con Suma Cuatro por $95.425.000. La decisión se justificó señalando que, tras el término del piloto y mientras el Ministerio Público avanzaba en la definición y futura licitación pública del modelo definitivo de prestación del servicio, era necesario asegurar la continuidad del trabajo.

En ese contexto, la resolución sostiene que “resulta indispensable asegurar la continuidad de los servicios contratados con el objeto de que la empresa consultora continúe prestando el servicio a las víctimas que se les asignó una medida de protección, bajo el estándar actualmente implementado, evitando una interrupción del servicio o una regresión a estándares anteriores”.

A diferencia de la resolución anterior, el documento fue suscrito por Roberto Garrido Bedwell, quien ejercía como fiscal nacional subrogante en ese momento.

Con todo, el Ministerio Público ha adjudicado tres tratos directos a Suma Cuatro por un total de $829.425.000. 

Interferencia consultó al Ministerio Público respecto de los alcances del proceso inicial de contratación, el uso de la causal de “magnitud, confianza y seguridad”, la utilización de una licitación privada, la participación de una funcionaria pública en la propiedad de la empresa y la continuidad contractual. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Imputado por tráfico de influencias

Sin embargo este no es el primer cuestionamiento que pone a Garrido en la mira, ya que desde hace ya más de dos meses, el fiscal regional de La Araucanía es supuestamente investigado por el delito de tráfico de influencias, luego de que el exdiputado Mauricio Ojeda lo denunciara por haber pedido una reunión con el exgobernador Luciano Rivas, para solicitar dinero para una fundación.

Así, el hoy imputado por solicitar casi 200 millones de pesos para la Fundación Paz Ciudadana, es el candidato preferido del fiscal nacional Ángel Valencia para ocupar el cargo de fiscal regional del Bíobío.