Gobierno Regional denuncia a la Universidad Autónoma por convenios por más de $21 mil millones
Entre 2021 y 2023, el Gobierno de La Araucanía transfirió $40.604 millones a instituciones de educación superior; más de la mitad —$21.804 millones— fueron a la Universidad Autónoma de Chile, mediante diez convenios con el GORE.
Por lo mismo el gobernador regional de La Araucanía René Saffirio, exigió una fiscalización de los recursos traspasados y de los convenios ejecutados, labor que asumió la Contraloría General de la República (CGR), la que comenzó una meticulosa revisión, luego de que tras casi dos años de investigación, la fiscalía regional de La Araucanía no obtuviera resultados y donde llamó la atención la negativa —reiterada— del ahora exfiscal regional Roberto Garrido, de inhabilitarse en la investigación, pese a trabajar para la universidad junto a su cónyuge.
10 observaciones "Altamente Complejas"
Al cierre de la auditoría de la Contraloría Regional, la universidad había rendido $14.329 millones y mantenía $6.929 millones sin rendir. Y la calidad de lo rendido es el dato más duro del informe: $6.800 millones —cerca del 47%— figuraban “observados”, apenas $155,5 millones habían sido reintegrados, y el examen de detalle del organismo —117 partidas por $966,9 millones, seleccionadas por riesgo mediante cruces con el SII, el Servel y la Dirección del Trabajo— derivó en diez observaciones “altamente complejas”, la categoría más grave de su escala.
Entre los hallazgos, se encuentran proyectos catalogados como ejecutados y “rendidos” que nunca se materializaron, con actas de supervisión en terreno e informes finales firmados incluidos; 73 facturas rendidas y luego anuladas con notas de crédito por $127,5 millones, que impiden verificar el gasto real; iniciativas millonarias cuyo ciclo completo de aprobación se tramitó en menos de seis horas; y $134.168.562 en saldos no rendidos que, según el informe, el entonces gobernador Luciano Rivas, su círculo directivo y el vicerrector de la sede Temuco acordaron dar por gestionados con el solo encargo a una empresa de cobranza, “independiente del resultado concreto” de las diligencias.
Posibles delitos
Atendida la gravedad de los hechos, la propia Contraloría dispuso en el párrafo final del informe su remisión al Fiscal Regional del Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, al Servicio de Impuestos Internos y a la Cámara de Diputados, por estimar que algunos revestirían caracteres de delito.
Tras recibir el informe, el pasado 4 de agosto, el gobernador René Saffirio instruyó dos sumarios administrativos —bajo supervisión de la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría y con resultados afectos a toma de razón— y realizó una denuncia ante el fiscal regional subrogante César Schibar por fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos.
Denuncia contra la universidad
La denuncia apunta a la Universidad Autónoma de Chile, representada legalmente por su rector, Teodoro Ribera Neumann, institución a la que se le atribuye haber retenido los $134,2 millones mediante cobranzas externas “manifiestamente insuficientes”, aprobado rendiciones respaldadas en facturas anuladas y validado proyectos que nunca se materializaron. Fue denunciado además el vicerrector de la sede Temuco, Emilio Guerra Bugueño, como eventual partícipe del fraude, por haber instado al castigo de la deuda.
En la nómina de personas naturales, el peso recae en las ex autoridades: el ex gobernador Luciano Rivas, su ex jefe de gabinete Juan Pablo Leonelli y las ex jefas de división Susan Alarcón y Camila Poff, sindicados como la cadena decisional que habría consentido no cobrar la deuda. El resto corresponde a funcionarios, ex colaboradores y personas de su entorno, cuyas situaciones el GORE trasladó a la Fiscalía tal como las documentó la Contraloría.
La denuncia del gobernador regional René Saffirio, pone de manifiesto la gravedad de la conducta asumida por el exfiscal Roberto Garrido, quien en el ejercicio de su cargo eximió previamente a su empleador, la Universidad Autónoma. de culpa alguna en los posibles delitos cometidos, pese a que las empresas o personas jurídicas sí son penalmente responsables.
Finalmente, todo indicaría que la "ignorancia" de la que Garrido habría hecho referencia, en relación a los dichos del gobernador regional René Saffirio al requerir su inhabilitación, recaería sobre sí mismo y su cerrada defensa a su empleador, pensando que fue por desconocimiento.