Posterior a su visita a La Araucanía, siguen las críticas a la Ministra Siches y esta vez fue por referirse a los denominados presos políticos mapuche que habrían en la región. El fiscal regional negó que haya "imputación de carácter político" por estos hechos.
La Región18/03/2022
Equipo AraucaniaDiario
Ya son varios los cuestionamientos que han hecho los parlamentarios de la zona a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, sobre todo tras su visita junto a otros cinco ministros a la región, en donde se le impidió a balazos ingresar a la comunidad de Temucuicui, para reunirse con Marcelo Catrillanca.
Hecho que generó que Siches y su comitiva fuera trasladada rápidamente por personal policial al retén de la Ercilla y posteriormente, a la Municipalidad, para concretar la reunión con el padre del joven asesinado en 2018 en la misma comunidad, Camilo Catrillanca.
Y es que luego de ocurridos los hechos a la entrada de Temucuicui, se viralizó rápidamente un video que daba cuenta de un vehículo que fue totalmente quemado por un grupo de desconocidos en la ruta que llega a Querecheguas, en donde además se encontró un lienzo cuyo texto hacía alusión a que mientras hayan “presos políticos mapuche” no habrá diálogo con el Gobierno.
Palabras que generaron diversas opiniones no solo en el congreso y en la ciudadanía, sino que también en el mismo Gobierno y en el circulo más cercano de Gabriel Boric, pues la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, confirmó el hallazgo de estos mensajes alusivos a los "presos políticos mapuche".
Sin embargo, no fueron los mismos dichos del Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien manifestó que "los presos de la región, están condenados por un delito que está tipificado en el Código Penal”, eso sí, confirmó que "hay un sector de la sociedad que considera que hay presos políticos”.
En cambio, el ministro de la Segpres Giorgio Jackson, expresó y aseguró que "sí han existido persecuciones, y muchas veces prisión política, por algunos que han sido confirmados como montaje en el pasado”, explicando que "cuando se ejerce la potestad del Estado, es privar de libertad a las personas”.
“Hay muchas personas que o a través de prisiones preventivas, como le sucedió a la machi (Francisca) Linconao, actual convencional constituyente, que estuvo durante muchos meses privada de libertad sin que finalmente se descubriera absolutamente nada”, aseguró Jackson.
Sin embargo, quien también se refirió a estos hechos fue el fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido, quien contradijo los dichos del ministro Jackson y aseguró que no hay "imputación de carácter políticos por estos hechos", pues aseguró que las personas condenadas son por diversos delitos como tráfico de drogas, armas y homicidios.
Garrido evitó referirse también a los múltiples casos de personas mapuche que han permanecido meses en prisión preventiva, es decir, en la cárcel, sin que se les termine probando nada; tanto durante su mandato como fiscal regional, como en los ocho años anteriores del ex fiscal regional Cristian Paredes, donde cabe recordar que ocurrió el llamado "Caso Huracán", uno de los más oscuros pasajes del Ministerio Público y la justicia chilena, donde se inventaron e insertaron pruebas falsas en los teléfonos de 8 imputados, para encarcelarlos e intentar condenarlos por gravísimos delitos.
Entre los imputados que fueron puestos en prisión preventiva por asociación ilícita terrorista, se incluía al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul; su hijo Héctor Llaitul Pezoa; los hermanos Rodrigo y Jaime Huenchullán Cayul, este último dirigente de la comunidad autónoma de Temucuicui.
Hoy, a casi 5 años de ocurridos los hechos, aún no se realiza la preparación del juicio oral donde debieran exponerse los hechos ocurridos en 2017, audiencias donde se podrá escuchar a los imputados, a sus víctimas y por supuesto, donde además debieran declarar los dos fiscales que, según la defensa de los carabineros imputados, también participaron de los hechos y no han sido formalizados aún.
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