La máxima autoridad regional del Ejecutivo en la región destacó la coordinación entre las policías y el ejército, que contribuye a facilitar las condiciones para un diálogo lo más amplio posible.
La Región29/03/2022
Catalina Sánchez Hidalgo
Tras seis meses, fue el sábado recién pasado, que finalizó la décima prórroga del Estado de Excepción Constitucional en La Araucanía y en el Biobío. Decreto que permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur, apoyando las labores de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
La medida excepcional se mantenía vigente desde octubre del año pasado y llegó a su fin, por decisión del Presidente Gabriel Boric, para facilitar las condiciones que permitan entrar en una etapa de diálogo entre todos los actores involucrados en el denominado "conflicto indígena".
Al respecto, el Delegado Presidencial Regional, Raúl Allard, valoró “el proceso tranquilo y ordenado de cómo concluyó el término del Estado de Excepción en La Araucanía”, afirmando incluso que las medidas de coordinación de la seguridad y orden público en la zona han sido adoptadas, al igual que el reforzamiento de las policías.
Además, detalló que, “la capacidad operativa en materia de equipamiento, la dotación de personal, y la definición de estrategias para cumplir con la tarea de garantizar la seguridad ha sido reforzada”, entre ellas, la llegada de nuevos funcionarios de Carabineros a la zona. Asimismo, Allard agregó que “se ha reforzado la presencia territorial en carreteras intercomunales y en puntos críticos”.
Luego de realizar las coordinaciones con los jefes de ambas policías y de defensa nacional en la zona, el Delegado Presidencial confirmó que este nuevo proceso “contribuirá a brindar las condiciones para propiciar el diálogo que requiere nuestra región” y que “la seguridad y el diálogo deben necesariamente ir de la mano”.
Cabe recordar que en su visita a la región, el Subsecretario del Interior Manuel Monsalve, adelantó lo que sería este nuevo plan de seguridad implementada por el gobierno y que entre otras cosas, incluye diálogo, inversión pública y mayor equipamiento y tecnología a las policías.
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