Patricia Troncoso, Victor Ancalaf, Pascual Pichún, José Huenchunao, Juan Millacheo, Florencio Marileo y Juan Marileo habían sido condenados entre los años 2003 y 2004, a penas entre los 5 años y un día y los 10 años y un día por tribunales de Concepción y Angol. La Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló las sentencias condenando al Estado de Chile.
La Región17/05/2019 Equipo AraucaniaDiario
Patricia Troncoso (alias "la Chepa"), Victor Ancalaf, Pascual Pichún, José Huenchunao, Juan Millacheo, Florencio Marileo y Juan Marileo habían sido condenados entre los años 2003 y 2004, a penas entre los 5 años y un día y los 10 años y un día por tribunales de Concepción y Angol. La Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló las sentencias condenando al Estado de Chile y ayer se pronunció la Corte Suprema dejando inválidos los efectos de dichas sentencias.
La Corte Suprema dio a conocer ayer el texto íntegro de la sentencia que determinó: "han perdido efectos que le son propios" las condenas contra siete comuneros mapuches y una activista de la etnia por delitos de incendio y amenazas de carácter terrorista, cuya nulidad fue solicitada en cumplimiento del fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado de Chile en el caso conocido como: "Norín Catrimán y otros".
"(…) esta Corte considera que el único remedio posible de disponer en el caso que se revisa es declarar que las sentencias condenatorias abordadas por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han perdido todo efecto, lo cual se constata por las razones de fondo ya invocadas, como asimismo por las medidas que ya se han adoptado por el Estado de Chile en torno a ellas ...", leyó Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema.
Por tanto, el fallo concluye: "se declara que las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Concepción, de 4 de junio de 2004, en el Ingreso de ese tribunal Rol 191-2004 por la que se condenó a don Víctor Ancalaf Llaupe como autor del delito establecido en el artículo 2 N° 4 de la Ley 18.314, en relación al artículo 1° de la misma ley, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo; de 27 de septiembre de 2003, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol en el RIT 2-2003 por la que se condenó a don Segundo Aniceto Norín Catrimán y a don Pascual Huentenequeo Pichún Paillalao como autores del delito de amenazas terroristas a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo de cumplimiento efectivo y de 22 de agosto de 2004, dictada por el mismo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en el RIT 21-2004 por la que se condenó a los señores José Benicio Huenchunao Mariñán, Patricia Roxana Troncoso Robles, Juan Ciriaco Millacheo Licán, Florencio Jaime Marileo Saravia y Juan Patricio Marileo Saravia, como autores del delito de incendio terrorista a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio de cumplimiento efectivo, han perdido la totalidad de los efectos que les son propios".
Con este fallo se terminan de cerrar los citados juicios que condenaron a las citadas personas, originando en su momento huelgas de hambre y movilizaciones que concluyeron con la presentación ante la Corte Internacional de Derechos Humanos que invalidó los fallos y condenó al Estado de Chile a indemnizar a los condenados por los tribunales chilenos.
Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.
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Explicaron además que el 85% de los casi 600 aparatos detectados "sin uso" en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, son componentes de recambio.
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Jorge Montes Coronado habría ocultado que mantenía procesos administrativos pendientes de resolución. Además, mantiene una relación de pareja con una funcionaria del Hospital de Angol.
