Catalina Sánchez Hidalgo
El nuevo hecho de violencia ocurrió a eso de las 23:00 horas de este miércoles, en el kilometro 7 de la ruta que une Victoria y Curacautín, en el fundo La Hijuela, en donde un grupo de sujetos encapuchados llegaron a quemar una vivienda y un galpón con fardos en su interior.
En el lugar de los hechos, los antisociales dejaron una pancarta alusiva a la causa mapuche, exigiendo la liberación de los presos y por instrucción del fiscal del Ministerio Público dispuso que las pericias y la investigación correspondiente sea realizada por Labocar y Carabineros del OS-9.
Es importante señalar que el presidente Gabriel Boric ha enfatizado en que esta medida, a su parecer, no resuelve el problema de fondo que se vive en La Araucanía, por lo que recalcó este concepto que utilizó el gobierno de "acotado", según dice, para resguardar el libre tránsito.
Sin embargo, esta medida implementada de forma "acotada" no ha estado exenta de cuestionamientos, puesto que la madrugada de este jueves se vivió el primer ataque incendiario con el Estado de Excepción, saliendo a la luz algunas reacciones.
Y es que no quedaron atrás los agricultores, quienes en voz de Sebastián Naveillán, Presidente de la Asociación de Agricultores Victoria Malleco, señalaron que le dijeron hace "menos de un día" al gobierno que los grandes atentados ocurren en los sectores rurales y no en la carretera.
"Pedimos que el Gobierno entienda que el Estado de Excepción no debiese ser “acotado”, sino que debe ser para toda la región de La Araucanía, ya que el sector rural será el más afectado por este Estado de Excepción “Acotado”, añadió.
Y es que se encuentran en una fecha fundamental para lo que es "la campaña de siembra para poder producir el harina que tanto necesitamos para consumir pan y otros productos", por lo que reiteraron el llamado al Ejecutivo a "recapacitar y entender que el estado de excepción debe ser para todos".
Pese a este nuevo hecho de violencia, los patrullajes en la macrozona sur, siguen activos tras este documento que permite a las Fuerzas Armadas reforzar las labores a Carabineros y la Policía de Investigaciones, en principio durante 15 días, pudiendo ser renovado si así lo desea el mandatario.
