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Los voluntarios de la brigada del sector urbano de Padre Las Casas denunciaron además haber sido agredidos por vecinos del sector.
La fiscalía señaló que durante el 2014, la ex autoridad presentó a un menor de edad al otro imputado, facilitando y promoviendo la explotación sexual infantil de este menor, obteniendo así, en reiteradas ocasiones, servicios sexuales de la víctima.
La Región 23/06/2022 Catalina Sánchez HidalgoFue este miércoles 22 de junio, que la fiscalía de Pitrufquén formalizó a un imputado por el delito de obtención de servicios sexuales, siendo el imputado, identificado con las iniciales G.A.P.G. Además, estaría presuntamente involucrado un ex concejal de la comuna mencionada.
La víctima en ese entonces tenía tan solo 15 años de edad, quien denunció estos hechos que habrían ocurrido entre el 2014 y 2017, siendo eventualmente explotado sexualmente en Pitrufquén por dos adultos. Mientras que la ex autoridad no se presentó en la audiencia, pues no fue notificado.
Producto de ello, en la audiencia solo se presentó la otra persona imputada, quien solo puede ser identificada como G.A.P.G y a quien se le imputan cargos relacionados con la obtención de servicios sexuales en contra de un menor de edad. Todo a cambio de sumas que variaban entre los cinco y 20 mil pesos.
Y es que en la audiencia, la fiscalía señaló que durante el 2014 Oliva presentó a un menor de edad de 15 años a G.P, facilitando y promoviendo la explotación sexual infantil de este menor, obteniendo así, en reiteradas ocasiones, servicios sexuales de la víctima. Y los hechos se realizaban en los domicilios de ambos imputados en Pitrufquén.
Sin embargo, la audiencia contra Oliva se reagendó para el próximo 3 de agosto, acusándolo de promover la explotación sexual infantil. Mientras que la parte querellante del caso, ya adelantó que apelarán a la resolución emitida para el otro investigado, y exigirán que se reemplace el arresto domiciliario, por la medida más gravosa, que es la prisión preventiva.
Mencionar que para la investigación se fijó un plazo de tres meses y mientras duren las indagaciones, el imputado permanecerá con la medida cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima.
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