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Corte de Temuco confirmó que el Ministerio del Interior dejará de ser querellante en el proceso por no presentar acusación particular de la apelante a tiempo. Sigue la demora en uno de los peores escándalos que involucra al Ministerio Público, al Gobierno de la época y a Carabineros.
La Región15/07/2022
Natalia Farías ToroLa Corte de Apelaciones de Temuco acogió los recursos de hecho presentados por las defensas de cuatro imputados y declaró inadmisible el recurso intentado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como querellante, en contra de la resolución que tuvo por no presentada su acusación particular, con lo que el Gobierno queda al margen del proceso del denominado caso “Huracán”.
En fallos unánimes (causas roles 429-2022, 430-2022, 431-2022 y 432-2022), la Primera Sala del tribunal de alzada dio lugar a lo reclamado por las defensas y declaró inapelable la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Temuco, en mayo pasado, donde se dejó fuera al Gobierno.
“Que así las cosas y tras lo analizado, resulta evidente que la resolución impugnada en estos autos no es apelable, por lo que se proceder a acoger este falso recurso de hecho (…)”, resolvió la Corte de Apelaciones de Temuco.
Cabe recordar que el 12 de mayo pasado la jueza Marcia Castillo dejó fuera da al Gobierno, luego de que no corrigiera oportunamente sus escritos de acusación; razón por la cual quedó como "no presentada" su querella criminal en contra de los imputados por los distintos hechos que se conocen como la Operación Huracán.
Lo anterior habría ocurrido porque el abogado a cargo de realizar la presentación se habría quedado "dormido" debido a la ingesta de medicamentos por una afección de salud que presentaba.
El caso conocido como Operación Huracán se trató de un operativo policial que se inició bajo la "Ley de Inteligencia" y que en 2017 derivó en la detención de ocho comuneros mapuche, a quienes se les acusaba de participar de una asociación ilícita terrorista; versión que cambió cuando en 2018, el Ministerio Público informó que se habrían manipulado las pruebas para inculpar a los comuneros, entre ellos a Héctor Llaitul y a su hijo Ernesto, culpando de esto completamente a los carabineros que llevaban a cabo las indagatorias en contra de los comuneros mapuche.
Si bien es cierto, la implantación de pruebas en los celulares de los detenidos las habrían realizado los carabineros involucrados, también lo es que los efectivos policiales han señalado en todo momento que habrían fiscales involucrados y que habrían estado al tanto de lo ocurrido, no obstante que hasta el momento no existe ningún miembro del Ministerio Público formalizado y la indagatoria lleva ya casi 5 años de demora.

La fiscalía regional pidió prisión preventiva para el dirigente mapuche, pero el juzgado de Garantía la denegó y en su lugar lo dejó con cautelares de menor intensidad.

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