La acción judicial presentada por el abogado Luis Rendón se da ante lo que acusa es la "inacción" del Gobierno por las filtraciones del teléfono del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor Llaitul, quien se mantiene en prisión preventiva. Garrido se lavó las manos ante lo ocurrido.
La Región30/08/2022
Catalina Sánchez Hidalgo
Este lunes se confirmó que fue declarada admisible una querella criminal en contra del fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido, la que fue presentada por Luis Rendón, abogado particular quien actuó ante la "inacción del Gobierno", frente a lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul y las filtraciones desde su teléfono.
Los hechos ocurrieron luego de la detención de Héctor Llaitul, que se dio el miércoles recién pasado, cuando estaba almorzando en la localidad de Cañete, Región del Bíobío, por la Policía de Investigaciones (PDI), siendo llevado más tarde a Temuco, par ser formalizado al día siguiente.
Luego de ello y ya confirmada la prisión preventiva, se comenzaron a filtrar mensajes y conversaciones que tenía el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, con diferentes personas y entre ellas, una funcionaria del equipo de la ahora ex ministra Jeanette Vega (PPD), lo cual originó que la secretaria de Estado perdiera su cargo.
Sin embargo, las conversaciones que almacenaba la PDI y que estaban en poder de la fiscalía, no solo se referían a la ministra o a materias propias de la investigación, ya que también se dieron a conocer otros audios o más bien, temas que conversaba el comunero, en donde incluso, por ejemplo habían dichos respecto al comunero Pablo Marchant, quien falleció en medio de un enfrentamiento con Carabineros.
Lo anterior no ha caído bien tanto en la defensa del acusado, como en particulares, quienes han acusado una invasión de la privacidad de las personas que han sido mencionadas en las escuchas telefónicas, razón por la cual Rendón presentó la querella en contra del fiscal regional y de todo funcionario que resulte responsable de las filtraciones.
Garrido, quien es en responsable directo de la causa que se lleva en contra de Héctor Llaitul, aseguró hace unos días que los antecedentes del caso fueron puestos en manos de todos los intervinientes, por lo que "no pueden pesquisar filtraciones que no derivan de personas que tienen que guardar secreto". "Desconocemos la forma en cómo un medio de comunicación tomó noticia de eso”, concluyó Garrido, sin hacerse cargo del delito que se está cometiendo.
"Esta querella está fundada en ... las interceptaciones telefónicas de las conversaciones de Llaitul ... han servido para montar verdaderas operaciones políticas, lo que es inaceptable", indicó por su parte Rendón.
La acción judicial, fue específicamente por el delito de "violación de secreto", apuntando a la revelación de audios vinculados a la detención del comunero que se mantiene en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Concepción, mientras su defensa busca su traslado a Temuco.
Según el abogado -y además de acuerdo a información que se entregará en su momento por AraucaniaDiario- no es primera vez que la fiscalía está involucrada en este tipo de hechos, pero además la irresponsabilidad con que se han tratado estos datos, deja de entredicho la interceptación telefónica en sí.
“Estas filtraciones de conversaciones privadas, penalmente irrelevantes, dejan absolutamente cuestionada la técnica investigativa de la interceptación telefónica a los ojos de la ciudadanía”, manifestó Luis Rendón.
"(La) Fiscalía ha violado todas las normas establecidas en el código procesal penal respecto de las interceptaciones telefónicas. Es un mecanismo excepcional que interfiere con el derecho a la comunicación privada de las personas y por tanto cuando se usa con fines investigativos debe estar revestido de todas las garantías", agregó el abogado.
Asimismo Luis Rendón señaló que todas las conversaciones de Llaitul que no tenían que ver con hechos delictivos investigados, nunca pudieron ni siquiera ser transcritas, mucho menos incorporadas en la carpeta investigativa de manera que quedara a disposición de los intervinientes y cualquiera de ellos pudiera filtrarla a la prensa. "Este hecho es gravísimo y debe ser sancionado", añadió Rendón.
La narrativa predominante sostiene que "darles más tierras es un privilegio" (47,3%), lo que refuerza percepciones de injusticia y una crítica a la equidad del proceso.
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