En uno de los peores episodios de la Justicia chilena en Democracia, policías se coordinaron para implantar mensajes en los celulares de 8 imputados con el fin de detenerlos, lograr su formalización y condena. Abogada de uno de los acusados insiste que al menos dos fiscales de La Araucanía debieran estar formalizados. La investigación está a cargo de Carlos Palma uno de los candidatos a fiscal nacional en reemplazo de Jorge Abbott.
La Región25/10/2022
Equipo AraucaniaDiario
El 20 de septiembre de 2017, el fiscal regional de La Araucanía Cristian Paredes, recibió un primer informe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE), el cual indicaba los nombres de los presuntos responsables de una serie de ataques incendiarios, mensajes de WhatsApp que daban cuenta de una coordinación entre ellos y alertas de tres ataques que se estarían programando entre La Araucanía y Los Ríos en poco tiempo.7
Así, la fiscalía regional solicitó órdenes de detención e incautación de bienes a los individuos mencionados en el informe y el 23 de septiembre de 2017, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en las ciudades de Temuco, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano y Ercilla, siendo detenidas 8 personas: el vocero de la CAM, Héctor Llaitul; su hijo Héctor Llaitul Pezoa; los hermanos Rodrigo y Jaime Huenchullán Cayul; David Aedo Cid; Martín Curiche, Claudio Leiva y el machi Fidel Tranamil.
Sin embargo, todo era un montaje para detener a estos ocho líderes o comuneros mapuche, o personas ligadas a las reivindicaciones indígenas en la Macrozona Sur y privarlos de su libertad, inculpándolos falsamente y con pruebas falsas.
Y fue el fiscal regional de Aysen Carlos Palma, quien quedó a cargo de la investigación para -esta vez- determinar y condenar a los culpables de las falsedades en la Operación Huracán, no obstante que hasta la fecha, a más de 5 años de ocurridos los hechos, nada ha pasado.
Así, una nueva audiencia para preparar el juicio oral se programó para el próximo 11 de noviembre, fecha en la cual se espera pueda continuar -a más de 5 años de iniciada- la investigación de uno de los peores episodios de la Justicia chilena después de la Dictadura.
El mismo día del cambio de mando en la Jefatura de la Defensa de La Araucanía, desconocidos interceptaron un camión maderero y lo quemaron, sin que fuera alguno detenido.
Dos proyectos FIA fortalecerán la calidad, sanidad y competitividad del principal rubro frutícola de Chile.
Con una inversión cercana a los 150 millones de pesos, mejoró la calidad de vida de las familias, dinamizando la economía de los territorios rurales.
Explicaron además que el 85% de los casi 600 aparatos detectados "sin uso" en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, son componentes de recambio.
La auditoría también detectó un punto de evacuación ubicado en zona de alto riesgo de lavas y lahares; falta señalización en 5 puntos y la presencia de cercos y portones en otros 5.
El programa “Voluntariado País de Mayores”, reunió a niños y niñas de familias vulnerables con personas mayores voluntarias de 20 comunas de La Araucanía.
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Raúl Narváez Reyes es imputado por falsificación o uso malicioso de documentos privados. En esta arista del Caso Convenios ya van 12 formalizados.
La ley de Presupuestos del año 2026 disminuyó en más de un 30% los recursos destinados a la compra de computadores del programa Becas Tic's.
El organismo cuestiona que el oficial no haya sido informado de la calidad procesal en la que se encontraba y tampoco de los derechos que tenía como imputado.
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magíster en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
