En uno de los peores episodios de la Justicia chilena en Democracia, policías se coordinaron para implantar mensajes en los celulares de 8 imputados con el fin de detenerlos, lograr su formalización y condena. Abogada de uno de los acusados insiste que al menos dos fiscales de La Araucanía debieran estar formalizados. La investigación está a cargo de Carlos Palma uno de los candidatos a fiscal nacional en reemplazo de Jorge Abbott.
La Región25/10/2022
Equipo AraucaniaDiario
El 20 de septiembre de 2017, el fiscal regional de La Araucanía Cristian Paredes, recibió un primer informe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE), el cual indicaba los nombres de los presuntos responsables de una serie de ataques incendiarios, mensajes de WhatsApp que daban cuenta de una coordinación entre ellos y alertas de tres ataques que se estarían programando entre La Araucanía y Los Ríos en poco tiempo.7
Así, la fiscalía regional solicitó órdenes de detención e incautación de bienes a los individuos mencionados en el informe y el 23 de septiembre de 2017, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en las ciudades de Temuco, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano y Ercilla, siendo detenidas 8 personas: el vocero de la CAM, Héctor Llaitul; su hijo Héctor Llaitul Pezoa; los hermanos Rodrigo y Jaime Huenchullán Cayul; David Aedo Cid; Martín Curiche, Claudio Leiva y el machi Fidel Tranamil.
Sin embargo, todo era un montaje para detener a estos ocho líderes o comuneros mapuche, o personas ligadas a las reivindicaciones indígenas en la Macrozona Sur y privarlos de su libertad, inculpándolos falsamente y con pruebas falsas.
Y fue el fiscal regional de Aysen Carlos Palma, quien quedó a cargo de la investigación para -esta vez- determinar y condenar a los culpables de las falsedades en la Operación Huracán, no obstante que hasta la fecha, a más de 5 años de ocurridos los hechos, nada ha pasado.
Así, una nueva audiencia para preparar el juicio oral se programó para el próximo 11 de noviembre, fecha en la cual se espera pueda continuar -a más de 5 años de iniciada- la investigación de uno de los peores episodios de la Justicia chilena después de la Dictadura.
En un proceso de consulta indígena dirigentes de la Mesa Territorial se percataron que se les pretende cobrar por transitar entre Collipulli, Ercilla y Victoria.
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