
Cinco niños quedan atrapados en ascensor de edificio residencial en Temuco
La demora del rescate puso en tela de juicio los procedimientos y protocolos en estas situaciones, donde inicialmente se solicitó "no llamar a Bomberos".
La autoridad informó a través de un comunicado, que tampoco registraron su casa, si no que la Policía de Investigaciones realizó un “levantamiento fotográfico”.
La Región14/07/2023"Respecto a las últimas apariciones registradas en la prensa, sobre las investigaciones que la Fiscalía está realizando en torno a los posibles nexos de entidades públicas con fundaciones, y que vinculan a la Delegación Presidencial Provincial de Malleco con la Fundación Creseres, es necesario aclarar que el procedimiento que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en la casa de la Delegada Presidencial, Andrea Parra, no fue un allanamiento, sino que un procedimiento que se denomina “levantamiento fotográfico”, el cual contó con su autorización", dice el comunicado que enviaron ayer desde la Delegación Provincial.
"Al mismo tiempo, es importante aclarar que este procedimiento tampoco es un “registro de vivienda”, debido a que no corresponde a las diligencias policiales que se realizaron en el domicilio de la delegada Parra", agregaron.
"Como Delegación Presidencial reconocemos y valoramos el trabajo que realizan los medios de comunicación, por lo mismo, creemos que es necesario que se informe acorde a los hechos específicos que ocurrieron en este caso, utilizando los conceptos correctos, para así evitar desinformar a la ciudadanía respecto a los procedimientos policiales que se llevan a cabo en cualquier investigación", finaliza el comunicado.
La demora del rescate puso en tela de juicio los procedimientos y protocolos en estas situaciones, donde inicialmente se solicitó "no llamar a Bomberos".
El docente habría ganado hasta un millón mensual haciendo funcionar 40 computadores día y noche, lo que puso en riesgo a la comunidad escolar.
Son más de 400 los empresarios que han sufrido atentados, afectando a sus trabajadores y familias, directa e indirectamente.
Matías y Eriberto Ancalaf Prado fueron condenados a 15 años por el asesinato del sargento Francisco Benavides, el 24 de mayo del 2021 en Collipulli.
La Contraloría detectó además que el jefe de traumatología decidía qué pacientes operar en intervenciones compradas, aunque era parte del equipo que operaba.
El hoy fiscal regional de Coquimbo nació en Temuco y comenzó su carrera del Ministerio Público en Loncoche en el año 2000.
Es de esperar que este año no mueran más personas en situación de calle por frío, como viene sucediendo en los últimos inviernos.
Afirmaron que de lo contrario demostrarían su falta de voluntad para resolver el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche.
La Contraloría detectó además que el jefe de traumatología decidía qué pacientes operar en intervenciones compradas, aunque era parte del equipo que operaba.
Según la fiscalía, Rubén Cheuquepán debía declarar por videoconferencia, lo que le imposibilitaba comunicarse con su abogado de forma simultánea y en persona.