Pobreza Moral

Una consecuencia inherente al sistema económico de mercado son los desequilibrios que se producen en las relaciones sociales debido a la desconexión o alejamiento que las personas sienten respecto de su trabajo y su entorno y al favorecimiento de conductas orientadas a la ganancia y a la acumulación de la riqueza y el poder. En tal escenario, es diario ver como en nuestra sociedad se corrompen las normas morales y éticas, priorizando el interés propio sobre el bienestar común. Esta pobreza moral se manifiesta en la falta de solidaridad, en la cosificación de las personas como meros objetos de intercambio y en la erosión de los valores humanos fundamentales como la compasión y la empatía. 

El contexto

Como es sabido el último jueves de marzo se produjo un intento de suicidio de una funcionaria de la Seremi de Vivienda. Este evento, causó gran impacto en el público que lo presenció, en los funcionarios que vieron como una de sus colegas trataba de poner fin a su vida, manifestando la tragedia que se habían convertido para ella sus dificultades laborales. Por cierto, frente a una situación de esta magnitud era natural que todos nos preguntáramos cómo es que esto pudo ocurrir, qué es lo que gatilló tan drástica determinación. Qué disarmonía o quiebre de la convivencia al interior de la institución pudo dar origen a tamaña tragedia.

Pues bien, esta explicable y humana necesidad de dar respuesta a los acontecimientos y sus causas, se transformó súbitamente en un juicio a mi persona. Mediante profusas declaraciones mediáticas, diversos personeros me atribuyeron a mí personalmente la motivación trágica de la funcionaria, arguyendo que yo la habría supuestamente perseguido, usando para ello una herramienta administrativa, normal en el servicio público, como lo es el sumario que se está instruyendo por irregularidades en el sistema de marcaje de asistencia de la Seremi, situaciones ocurridas durante el gobierno anterior y cuyo desarrollo y proceso me es totalmente ajeno. Pero, en este caso, a tal medida administrativa se le atribuyó el carácter de “persecución”.

Este infundio ha servido de base al juicio político, funcionario y social que se me ha formulado desde diversos sectores interesados en poner en entredicho mi gestión, la gestión del gobierno en el sector vivienda en la región cuyos frutos y cumplimiento de metas están a la vista. La forma de expresión de estos juicios son siempre la apelación a la emocionalidad. Esto se ha dado en llamar posverdad, en la que no son los hechos verificados los que importan, sino son los llamamientos a la emoción y la creencia personal. 

La racionalidad del diálogo se reemplaza por el juicio categórico y condenatorio. No hay derecho a réplica, a mostrar lo que efectivamente ocurre. Esto no importa, lo que importa son las emociones que se desencadenan y esto es fácil hacer, ¿quién puede quedar indiferente frente a un hecho de esta naturaleza y si además éste ha sido motivado por la presunta perversidad de la persecución? Pero … ¿esto es lo que efectivamente ocurrió? 

La cronología de los hechos

En el mes de mayo de 2022 la División Administrativa (DIVAD) del MINVU Central advierte una inconsistencia en el sistema de registro de marcas de asistencia diaria de la Seremi Minvu Araucanía, señalando que, en su opinión, dicha vulneración ameritaba iniciar un procedimiento administrativo, dando cuenta de ello a la División Jurídica del Ministerio (DIJUR). En razón de ello, la DIJUR instruye a la región iniciar un sumario administrativo para aclarar los hechos, indicando además que se designe como fiscal instructor a una abogada dependiente de la propia División Jurídica Ministerial, dictándose con fecha 20 de julio de 2022 la Resolución Exenta que ordena instruir el sumario correspondiente.

Posteriormente, y al ser notificada la funcionaria en cuestión de dicho procedimiento, ésta decide interponer contra la SEREMI, no como institución sino contra mi persona, una denuncia por supuesto acoso laboral, la que es ingresada al servicio con fecha 17 de agosto de 2022 y despachada según protocolo a la Subsecretaría, es decir un mes después de instruido el sumario. 

Durante el transcurso del sumario administrativo, y con fecha 28 de abril de 2023, la Contraloría General de la República emitió el informe público N° 165 con los resultados de una auditoria al funcionamiento de los controles administrativos aplicados a la jornada laboral del personal de la Seremi, observando que la misma funcionaria había estado involucrada en hechos de la misma naturaleza un año antes, en el 2021. Ante ello, instruye la Contraloría ampliar el procedimiento disciplinario en curso para que se investiguen “las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos representados”. Es decir, hechos efectivos.

Recientemente y estando aun el procedimiento en curso, con fecha 13 de marzo de 2024, a solicitud de la propia funcionaria, se realiza audiencia entre la SEREMI, la funcionaria en cuestión y la ministra de fe de esta repartición. Durante dicha reunión la funcionaria me amenaza directamente, amenaza a mi familia y lo que es peor aún, amenaza a mis hijas, quedando registro de ello en el acta de dicha reunión. Ante lo anterior y con el objeto de proteger la integridad de mi familia y en particular la de mis hijas, con fecha 14 de marzo de 2024, interpongo una denuncia por amenazas en la Fiscalía Regional, RUC 2400304156-1.

Ante los hechos que relato y que por lo demás tienen todos y cada uno de ellos su respaldo formal y real, señalo tajantemente que no ha existido de mi parte, ni dentro de la Seremi ni fuera de ella conducta alguna de maltrato, hostigamiento ni abuso hacia ningún funcionario, funcionaria o persona alguna, que rechazo con fuerza dichas afirmaciones y que haré mis descargos por las vías correspondientes reservándome el derecho eventual de interponer los recursos legales y civiles que estime.

¿Juicio público o búsqueda de la verdad?

Hay prácticas que deben ser urgentemente revisadas y examinadas por toda la sociedad. Varios individuos han emitido juicio público en mi contra sin presentar ninguna prueba sustancial, basándose únicamente en injurias y manipulaciones, lo cual vulnera al menos dos derechos fundamentales.

En primer lugar, está el principio de presunción de inocencia, que establece que una persona no puede ser considerada culpable hasta que un juez emita una sentencia penal definitiva que confirme su culpabilidad. Las acusaciones, conjeturas o construcciones maliciosas que estos representantes han expresado ante la prensa local carecen de legitimidad y prueba, ya que han sido genéricas y no respaldadas por hechos concretos.

En segundo lugar, se vulnera el derecho al respeto a la honra y al reconocimiento de la dignidad de todo individuo, principio consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11). Todas estas normativas agregan además que "Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques".

Ante esto, es imperativo que la sociedad en su conjunto preste atención a estas cuestiones, rechace este tipo de comportamientos y exija el respeto de los derechos fundamentales, pues son los pilares esenciales para la convivencia y el funcionamiento democrático de nuestra comunidad.

Yo por mi parte, frente a estas graves violaciones de derechos, reitero mi decisión de ejercer los recursos legales y civiles que sean necesarios para abordar esta situación de manera adecuada, justa y efectiva.

Perspectivas en relación a la gravedad de lo ocurrido

Lo preocupante de esta situación, más allá del caso específico, es que estas prácticas arbitrarias contra el estado de derecho parecen estar volviéndose comunes en nuestra sociedad y naturalizadas por todos nosotros. Estos mecanismos se utilizan una y otra vez para desacreditar a adversarios políticos, altos funcionarios públicos e incluso ciudadanos comunes, sembrando dudas sobre su integridad y actuación. Esto clausura el legítimo derecho a una defensa justa y promueve juicios públicos que solo buscan socavar nuestra sociedad, horadando con ello los instrumentos legales y normativos que buscan precisamente resguardar los derechos fundamentales de las personas y el orden público. 

Ante ello, resulta curioso que autoridades elegidas popularmente para legislar, se salten sin problemas la base del estado de derecho mediante los medios descritos anteriormente. Solo condena sin apelaciones. Es bueno decidir si la manipulación, el infundio velado, la intriga palaciega o el voceo altisonante reemplazan a los procedimientos legales y administrativos para condenar; y si del mismo modo opera la autoridad, lo que resulta es el anarquismo demagógico. 

Por otra parte, si en el hacer funcionario se instala el discurso de la infamia, si el objeto que se busca es horadar la honra para satisfacer egos personales, lo que tenemos es el cálculo egocéntrico, uno de los niveles más bajos del juicio moral. 

Más aun, si aquellos que vislumbran la verdad, pues el peso de la interacción diaria les señala la imposibilidad de tales aseveraciones o al menos les aqueja una duda razonable, toman palco y no se involucran, observando desde lejos un fenómeno que les atañe, la causa ya está perdida.

Lo anterior, no solo se pone en entredicho la base fundamental del Estado Constitucional de Derecho de nuestro país, sino que también establece una especie de anarquía totalitaria, que invalida los instrumentos de la regulación. Peor aún, si en una región sacudida permanentemente por el juicio público de la seguridad y el orden público, las herramientas que la ley nos confiere para proteger nuestra honra, dignidad y la seguridad de nuestras familias e hijos se han inhabilitado precisamente por quienes han sido electos para escribir la ley, entonces la condena está hecha, el totalitarismo se ha apoderado de la sociedad y comienza la purga, una especie de anarquía sin ley promovida por los poderosos y operados por los peones de turno.

Lo que ha ocurrido una vez más en La Araucanía es prueba que el sacrificio antecede a la razón y que la persecución gobierna el ánimo de quienes rigen los destinos de la región. No es casualidad que una vez más se ataque a una autoridad mujer y que se enarbole la frase dicha hasta el hastío de lo impresentable de aquello en un gobierno que se dice feminista, anulando toda posibilidad de dicha mujer a ejercer su legítimo derecho a defensa, es decir invalidándola nuevamente en tanto mujer (se vuelve a instalar en el colectivo que la mujer no tiene derechos, pues aun cuando sea autoridad es mujer).

Yo por mi parte me resisto a ello, no participo ni comparto conductas tan poco elaboradas que buscan únicamente beneficios y saldos personales. Mi opción es y será siempre el bienestar social conjunto, y reitero mi total compromiso en ello, descartando de plano mi participación total o parcial en los hechos que se me representan.

Valoración política de lo sucedido

Entiendo que la política puede ser un terreno desafiante, donde se dice que mostrar debilidad no es una opción. Sin embargo, dado que la política es fundamental en nuestra vida social, moldeando nuestro futuro y estableciendo normas para una sociedad mejor, es crucial considerar la humanidad y la ética de las personas en este contexto.

Personalmente, me enfrento a una injusticia considerable. He sido acusada sin fundamentos, sujeta a un juicio mediático que no me ha permitido defenderme públicamente. A pesar de estas dificultades, mantengo la confianza en el resultado de mi defensa. 

Aun ello, mi compromiso con el servicio público sigue sólido, y continuaré trabajando por el bienestar de las personas y por los principios y valores de nuestro gobierno. Esa es mi motivación y lo que me da fuerzas para seguir adelante, especialmente en nuestra región, donde he demostrado en dos años que se puede hacer más por nuestra gente y que La Araucanía no quiere menos. Este compromiso sigue fuerte y firme.

Superar la pobreza moral que nos aqueja implica transformar las estructuras económicas y sociales que se han normalizado haciendo esfuerzos colectivos y también individuales de vislumbrar escenarios de mayor igualdad y cooperación, donde las relaciones humanas se rijan por principios éticos genuinos en lugar de intereses egoístas. Esto, que representa un desafío significativo, es esencial para construir una sociedad más justa y humana; y mi compromiso en este sentido es total y absoluto.

Como lo he señalado en oportunidades anteriores, mi opción preferente es por el ejercicio de una política racional que vincule acción política y sentido, pues en cuanto posibilidad de realización de los anhelos colectivos, contribuye a que una necesidad material se transforme en el interior del alma de las personas en una expresión de libertad, avanzando en un continuo de bienestar social para todas y todos.