Los familiares de los llamados "presos políticos mapuche" de la CAM, plantearon las diversas incongruencias en torno al juicio que ya fue anulado en una oportunidad.
La Región17/06/2024
Equipo AraucaniaDiario
Los familiares de Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y de Esteban Ignacio Henríquez Riquelme, Ricardo Delgado Reinao, Roberto Villouta Alcamán y Eduardo Mauricio Cornejo Vidal, se refirieron al segundo juicio contra los miembros de la organización, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción anulara el primero.
En este caso, los jueces que decidirán sobre la culpabilidad -o no- de los jovenes enjuiciados son Gino Viale Acosta (presidente), Ingrid Quezada Valdebenito (redactora) y Anamaría Sauterel Jouannet.
"La segunda semana, del segundo juicio oral, continuó con la declaración de las testigos de la Fiscalía y propietarias de las Cabañas “La Isla”, quienes coincidieron en señalar que un grupo de amigos realizó un asado en el recinto turístico de su propiedad, cercano al Salto del Laja, no los vieron trasladando ningún tipo de bultos y el vehículo en el cual se transportaban permaneció todo el tiempo en las afueras de la cabaña", señalaron en un comunicado.
Los familiares de los "ppm" señalan que a solicitud de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) se realizó los peritajes respecto de sólo dos ramificaciones, desde el lugar de los hechos: Cruce El Pinar o Salto del Laja y Cabaña 1 del recinto turístico “La Isla”. "Ambos a más de 15 kilómetros. Dejando de investigar todas las otras rutas de acceso existentes y demás sectores cercanos", manifestaron.
"Nuevamente, en el contrainterrogatorio se le consulta al perito si recuerda como estaba caratulado el delito por el cual le solicitaron su trabajo, respondiendo que se trataba de “Atentado Incendiario” lo que ratifica que, con posterioridad, se inventa el delito de “Homicidio Frustrado”, agregaron.
"Junto con ello, la abogada defensora Victoria Bórquez, pregunta si la BIPE ¿le solicitó realizar algún otro peritaje en la Cabaña N° 2, donde también había alojadas un grupo de personas?. Respondiendo negativamente. Quedando en evidencia una investigación totalmente sesgada, racista y dirigida políticamente", puntualizaron a este respecto.
Según explican los familiares de los comuneros en prisión, el contraiterrogatorio realizado por el abogado Rodrigo Román develó, claramente, que dicho peritaje no logró determinar: el origen focal del incendio de la cabina del camión, el elemento combustible que lo ocasionó, ni la cantidad de éste. "Es decir, ni dónde, ni cómo, ni con qué, ni con cuánto", señalaron.
"Respecto de la tapa roja (Cachantún Más) única “evidencia” encontrada en el sitio del suceso, el peritaje concluye que esta tenía trazas de parafina, no obstante, el informe no gráfica ni explica cómo se llegó a dicha conclusión. Junto con ello, a la pregunta del defensor ¿La BIPE le solicitó periciar la ropa de los camioneros? La respuesta fue negativa", agregaron.
"Es decir, el perito químico no perició ropas, otros camiones, otras cabañas, ni otras vías de acceso al lugar de los hechos. Sólo lo ordenado por la BIPE en base a su sesgo racista y político", puntualizaron.
El perito balístico que realizó su declaración de forma remota desde Santiago, señaló haber periciado tres camiones forestales en el Cruce El Pinar del Salto del Laja (lugar donde normalmente pernoctan los camioneros forestales, con excepción del 09-09-2021). Dos de los camiones presentan daños, una evidencia balística y dos indicios balísticos.
Según manifestaron los familiares, el primer indicio balístico se trata de una fractura de 2 cm, sin orificio, ubicado en el parabrisas del lado del copiloto. Compatible, de acuerdo al peritaje, a un disparo de escopeta. "No obstante, no se encontraron perdigones en el camión ni en el sitio del suceso. Entonces, ¿dicha fractura no podría ser el resultado de una piedra o un impacto anterior a los hechos investigados?", se cuestionan los familiares.
"El segundo indicio balístico, habría roto la ventana del conductor y dañado el parasol (de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante). Sin embargo, tampoco se encontró ni uno de los 200 perdigones que podrían haber sido percutados por una escopeta", agregaron.
Asimismo, se reclama que en el segundo camión, se encuentra una evidencia balística, en la manilla de la puerta del copiloto (de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante) que podría corresponder al núcleo de un proyectil 9 mm, que habría perdido su camisa, la que tampoco fue encontrada. "El perito tampoco puede aseverar el calibre del proyectil, ni el arma utilizada", dijeron.
Respecto de las trayectorias de los proyectiles, no fueron registrados en el informe pericial los ángulos, ni los grados de estos. "Junto con esta descripción, denunciamos las reiteradas objeciones presentadas por la Fiscalía que pretenden, de forma majadera, dificultar los contrainterrogatorios a testigos y peritos, por parte de la Defensa", aseguraron.
El día viernes 7 de junio, se hace presente el primer testigo del llamado Grupo Fuerza de Tarea Macrozona Sur, quien declara desde la ciudad de Coyhaique.
Parte su declaración explicando que dicha orgánica policial se conforma el año 2021 y, justamente, su debut fue la investigación de un ataque incendiario ocurrido el 09-09-2021, asumiendo la investigación de ésta, a partir del 30-09-2021.
"Investigación que se inicia con un nuevo empadronamiento el cual, extrañamente, no se inicia desde el lugar de los hechos, sino en la Cabaña 1, del centro turístico “La Isla”. Contrario a cualquier protocolo investigativo. De este modo, el nuevo procedimiento, parte descartando a priori todos los otros centros turísticos, cabañas y accesos. Centrando la investigación en Ernesto Llaitul y sus amigos a través de seguimientos, interceptaciones telefónicas, instalación de GPS, micrófonos y recolección de muestras de ADN", puntualizaron.
"Quienes hemos seguido este proceso judicial nos preguntamos ¿Qué es y cómo opera el Grupo Fuerza de Tarea Especial de la Macrozona Sur que reemplazó, en esta investigación, a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI?", finalizó el comunicado de los familiares de los llamados presos políticos mapuche de la CAM.
El Gobierno reconoció que la construcción del dique para cerrar el afluente del lago Caburgua, es para resguardar el cauce a quienes tienen derechos.
La actividad reunió a actores públicos, privados y de la sociedad civil para analizar buenas prácticas y desafíos del cooperativismo en Chile y América Latina.
Se verificará en todo el país que conductores inicien los recorridos con los descansos previos cumplidos para garantizar viajes seguros.
El sujeto lo habría llevado además a su departamento, donde le habría realizado tocaciones. El Municipio hizo las denuncias ante la PDI y la fiscalía.
El proyecto beneficia directamente a 350 estudiantes de Curarrehue y a 350 de Cholchol.
En un proceso de consulta indígena dirigentes de la Mesa Territorial se percataron que se les pretende cobrar por transitar entre Collipulli, Ercilla y Victoria.
El parlamentario reiteró su inocencia en el caso Convenios y señaló que no existe registro histórico de alguien que haya sido reingresado 5 veces a prisión preventiva.
Se busca fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, entregando herramientas concretas a quienes liderarán este cambio.
En un proceso de consulta indígena dirigentes de la Mesa Territorial se percataron que se les pretende cobrar por transitar entre Collipulli, Ercilla y Victoria.
La mujer -que fue reelecta para representarlos por Malleco- simplemente "no apareció" en la sesión que debía realizar la Comisión de Agricultura en el INIA.
Adhirieron a su campaña y dieron a conocer sus propuestas en política indígena, respeto de la dignidad, paz social y seguridad en la Macrozona Sur.
