Miembros de la Coordinadora Arauco Malleco impidieron la semana pasada que un contingente de 250 policías y militares ingresaran al fundo Poluco Pidenco.
Detenida a un lado del camino está en estos momentos la caravana de efectivos policiales, el Ejército y del Servicio Médico Legal, sin poder ingresar al predio donde se encuentra sepultado el exmilitante de la CAM.
En diciembre pasado, otros cinco miembros de la CAM fueron formalizados en esta misma causa y permanecen privados de libertad.
El primer atentado de 2025 ocurrió a 500 metros de una base militar y fue reivindicado por el Organismo de Recuperación Territorial (ORT) Nagche Janequeo.
Mientras que en Amarillos pidieron su renuncia, en Republicanos instaron a aclarar si se "negociará con terroristas". La DPR aclaró los dichos de Abdala.
Al menos seis camiones, una camioneta y una máquina skidder de faena forestal resultaron destruidas, sin que se reportaran lesionados en el lugar.
Roberto Neira negó cualquier tipo de financiamiento irregular de su campaña de 2021 y culpó a un sector político de la derecha que "busca instalar noticias falsas con propósitos electorales".
El parlamentario se refirió a la Coordinadora Arauco Malleco como una organización mapuche que usó la metodología de enfrentarse al Estado por la vía de la violencia política.
Su familia mantiene que el joven militante de la Coordinadora Arauco Malleco fue "rematado" en el suelo con un disparo a la cabeza, luego de ser abatido por Carabineros en 2021.
Oscar Hernán Cañupan Calfin mantenía una orden pendiente por un ataque incendiario a dos camiones y fue capturado por la PDI en Labranza.
La ORT Lavkenche reivindicó atentado incendiario en una faena de Mininco, en el fundo San José de Carahue. Destruyeron tres máquinas de última generación.
El werkén del lof Temulemu leva ya más de 5 meses en prisión preventiva por su supuesta participación "intelectual" en un atentado en Los Ángeles.
El funcionario presentó una acción de tutela laboral, luego de ser desvinculado de la universidad, tras una serie de decisiones que la llevaron a una crisis financiera.
En la ocasión, Cristian Mallol Comandari, recibió tan sólo una amonestación y pudo continuar haciendo clases. Dos estudiantes habrían quedado con estrés post traumático.
La decisión la adoptó la contralora general Dorothy Pérez, por motivos propios del servicio, pasando a desarrollar otras funciones dentro de la institución.
Por norma los juicios laborales son públicos, pero en el caso de las demandas contra la universidad de la Frontera, el tribunal accedió a mantenerlas en secreto.
La mujer mantenía material para ser comprado en la plataforma para adultos Arsmate y fue bajado y difundido entre sus compañeros de trabajo.
