Luis Quezada Chandía permanecía prófugo de la justicia, luego de ser condenado por el ministro Alvaro Meza, de la Corte de Apelaciones de Temuco.
La Región21/01/2025
Equipo AraucaniaDiario
Londres 38 dio a conocer que Luis Quezada Chandía, exconscripto, quien fue condenado a 17 años de prisión por su participación en dos crímenes ocurridos durante la dictadura militar, el asesinato del médico Hernán Henríquez Aravena el 2 de octubre de 1973 y el homicidio del funcionario del Hospital de Temuco y dirigente gremial Alejandro Flores, ambos hechos ocurridos en la base aérea Maquehue, de la ciudad de Temuco.
Según determinó el ministro Álvaro Meza, de la Corte de Apelaciones de Temuco, ambos militantes del Partido Comunista fueron ejecutados en la base aérea de Temuco el 5 de octubre de 1973, pocos días después del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet contra el gobierno de la Unidad Popular.
"El arresto de Quezada Chandía representa un paso más en los esfuerzos por hacer justicia frente a los crímenes de lesa humanidad, cometidos durante ese oscuro capítulo de la historia nacional", manifestaron desde Londres 38.
Hasta el momento el Gobierno no ha confirmado la captura de Quezada Chandía.
La demora del rescate puso en tela de juicio los procedimientos y protocolos en estas situaciones, donde inicialmente se solicitó "no llamar a Bomberos".
El docente habría ganado hasta un millón mensual haciendo funcionar 40 computadores día y noche, lo que puso en riesgo a la comunidad escolar.
Son más de 400 los empresarios que han sufrido atentados, afectando a sus trabajadores y familias, directa e indirectamente.
Matías y Eriberto Ancalaf Prado fueron condenados a 15 años por el asesinato del sargento Francisco Benavides, el 24 de mayo del 2021 en Collipulli.
La Contraloría detectó además que el jefe de traumatología decidía qué pacientes operar en intervenciones compradas, aunque era parte del equipo que operaba.
El hoy fiscal regional de Coquimbo nació en Temuco y comenzó su carrera del Ministerio Público en Loncoche en el año 2000.
La Contraloría detectó además que el jefe de traumatología decidía qué pacientes operar en intervenciones compradas, aunque era parte del equipo que operaba.
Según la fiscalía, Rubén Cheuquepán debía declarar por videoconferencia, lo que le imposibilitaba comunicarse con su abogado de forma simultánea y en persona.
El docente habría ganado hasta un millón mensual haciendo funcionar 40 computadores día y noche, lo que puso en riesgo a la comunidad escolar.
La demora del rescate puso en tela de juicio los procedimientos y protocolos en estas situaciones, donde inicialmente se solicitó "no llamar a Bomberos".
