Equipo AraucaniaDiario
Múltiples infracciones a la normativa detectó la Contraloría General al analizar el otorgamiento de licencias de conducir a personas deudoras de pensión alimenticia, hecho que está prohibido desde 2022, por la ley N° 21.389, la cual crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Así se señala en el cuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde el órgano de control detectó que 243 de las 345 municipalidades del país habrían otorgado o renovado un total de 3.432 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores, por adeudar la mensualidad de 4.706 alimentarios por un monto total de $17.473.007.109. Es decir, un 70% de los municipios a nivel nacional han incumplido la norma desde su vigencia.
En concreto, el CIC señala que el 94% de las municipalidades de la Región Metropolitana no cumplieron con la norma. Además, se determinó que seis municipios del país entregaron más de 100 licencias de conducir de manera errónea. Estas son Antofagasta (172), La Granja (117), Los Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111).
En ese sentido, la CGR reitera que el funcionario municipal a cargo de la solicitud es quien tiene la obligación de confirmar si la persona está inscrita en el Registro Nacional de Deudores y, en caso de que así sea, no otorgar el documento. De lo contrario, incurre en una responsabilidad disciplinaria que será sancionada con una multa entre el 10% y 50% de su remuneración.
Además, el documento evidenció que 65 funcionarios municipales habrían obtenido/renovado su licencia de conducir en la misma municipalidad en la que trabajan, estando en el Registro de Deudores de Pensión Alimenticia.
En este sentido, también expuso que 482 personas deudoras son familiares de funcionarios que trabajan en la municipalidad en donde habrían obtenido/renovado su licencia de conducir a pesar de estar inscritos en el Registro de Deudores por Pensión Alimenticia.
Ante los antecedentes expuestos, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General, está evaluando futuras fiscalizaciones en relación con esta materia, de modo de corroborar eventuales infracciones advertidas y ejercer las acciones correctivas que correspondan.
