El hoy fiscal regional de Coquimbo nació en Temuco y comenzó su carrera del Ministerio Público en Loncoche en el año 2000.
La Región11/05/2025
Equipo AraucaniaDiario
La polémica está al "rojo vivo", luego de las nuevas -y frecuentes- filtraciones de una de las aristas del caso Fundaciones "Procultura", que lleva el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper, nacido en Temuco y cuyo padre, Patrick Cooper Gilbert, aún vive en la zona y ha sido criticado duramente por el ex diputado comunista Hugo Gutiérrez, tras postear en comentarios del perfil del grupo "APRA".
"Hablando de chats. Patrick Cooper Gilbert, al parecer padre del Fiscal Cooper, comenta en el chat del @aprachile organización racista, neofascista y de ultraderecha ¿Algún sesgo cognitivo?", cuestiona Gutiérrez y se acerca a otro vínculo familiar del hoy fiscal regional: es pariente de Allan Cooper, miembro del grupo Patria y Libertad, considerado uno de los participantes del asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, general René Schneider en 1970.
"La prima de Allan Cooper se llamaba Vivienne Mackay (caso Luchsinger-Mackay), y el abuelo del Fiscal Cooper se llamaba Wilfred Neville Thomas COOPER MACKAY ¿Algún grado de parentesco?", agrega el exdiputado comunista y es que en efecto, el fiscal regional de Coquimbo es pariente del ya fallecido Allan Cooper.
Sin embargo, el encono y cuestionamiento del exdiputado Hugo Gutierrez contra el fiscal ragional, tiene una motivación política fundada en otro caso emblemático, el de la clínica Sierra Bella y la orden de diligencias intrusivas conta la diputada de su partido y en ese momento presidenta de la Cámara de Diputados Karol Cariola (PC), motivo por el cual Cooper incluso podría dejar de ser fiscal.
En un detallado perfil, el medio Ex-Ante cuenta quién es Patricio Cooper, aparte de las vinculaciones familiares relatadas por Hugo Gutiérrez. "Patricio Ignacio Cooper Monti, de 56 años, nació en 1968 en Temuco. Es hijo de Patrick Cooper, criador de caballos y ex campeón de rodeo, de quien heredó su afición por estos animales", dice el medio..
"... En el Ministerio Público en sus inicios, en el año 2000. Primero como fiscal jefe de Loncoche, Región de La Araucanía, cargo en el que permaneció tres años. También estuvo cerca de un año en la Región de Valparaíso, como fiscal adjunto jefe de Viña del Mar", agrega Ex-Ante.
Ha estado de múltiples casos, como el del exconvencional Rodrigo Rojas "Vade" y su engaño respecto a una supuesta enfermedad, también en el caso de los desórdenes que terminaron en la caída de un estudiante en el Puente Pio Nono, así como en la persecusión de manifestantes para el llamado "estallido social".
Sin embargo, en febrero de 2023 la fiscalía lo puso a cargo de la indagación, por presunto fraude al fisco, en la compraventa de la exclínica Sierra Bella, por parte de la administración de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), luego de que su adquisición, con un presunto sobreprecio, fuera suspendida tras un informe negativo de Contraloría.
El caso está abierto y sin formalizados, aunque una de las actuaciones de Cooper es la que lo tiene al borde de ser destituido: ordenó la incautación del celular de la diputada Karol Cariola sabiendo que estaba embarazada y la diligencia se concretó, sin que estuviera él presente y mientras la joven parlamentaria, daba a luz.
Pero Cooper sigue dando que hablar. En junio del año pasado, el fiscal nacional anunció que la causa ProCultura dejaría de ser investigada por el fiscal regional de Aysén Carlos Palma y sería indagada por el fiscal Cooper.
"La decisión la adoptó luego de que abriera una investigación contra Palma por el envío al abogado Luis Hermosilla (hoy en prisión preventiva) del pantallazo de un diálogo que había sostenido con Gonzalo Migueles, pareja de la exvocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en que éste aparentemente le ofrecía un doctorado y suceder al fiscal Armendáriz, durante el proceso de elección de fiscal nacional, en que Palma fue uno de los postulantes", señala Ex-Ante.
La decisión dejó a Cooper con una de las aristas más sensibles del caso Convenios y en lugar de actuar con cautela -que tampoco tuvo con Karol Cariola- volvió a impresionar: Solicitó, sin la justificación debida, según el juez de garantía, la interceptación del teléfono del Presidente de la República.
Pero el fiscal Patricio Cooper no solo quiso interceptar las llamadas del Presidente de la República Gabriel Boric, sino que también tener acceso a sus mensajes de texto, al tráfico telefónico del Mandatario desde 2021 a la fecha, y también a la ubicación georeferenciada de su celular. También pidió acceso a todos los interlocutores con los que conversó el Mandatario.
Si el tribunal hubiera accedido a la medida intrusiva solicitada, el fiscal Cooper podría haber sabido en qué lugar específico había estado el Presidente durante los últimos años, buscando -según explicó al tribunal- configurar un supuesto caso de financiamiento irregular de campañas políticas.
Todo a raíz de la intercepción del teléfono de la pareja del fundador de Procultura Alberto Larraín, donde el psiquiatra habría respondido al cobre de una deuda d ela siguiente manera: “No, gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca“.
“Dicha afirmación cobra relevancia a propósito de un posible financiamiento irregular de campañas políticas”, dice luego el fiscal Cooper en su solicitud para pinchar el teléfono del Presidente al tribunal.
“Estos movimientos bancarios y el resultado de la interceptación reseñada, hace necesaria y justificada la medida a fin de indagar un posible financiamiento irregular de campañas políticas, en particular, de partidos del conglomerado de Gobierno Frente Amplio y fundados en el vínculo personal del Presidente con miembros de la Fundación Procultura”, expresa Cooper al tribunal de Antofagasta, insistiendo en la necesidad de interceptar el celular del Presidente Boric.
Sin embargo, el 12 de noviembre de 2024 el Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó la solicitud de Cooper. “De los antecedentes expuestos y de los acompañados no se advierte la existencia de hechos determinados que permiten colegir sospechas fundadas de que la persona de cuyo número telefónico se solicita interceptación, hubiere cometido o participado en la comisión de un hecho punible que mereciere pena de crimen”, dice el tribunal, a loq ue Cooper insiste sin éxtito.
“El hecho de que la persona de quien se pide la diligencia sea amiga o no de quien figuraba como Director Ejecutivo de la Fundación Procultura, no lo hace merecedor de sospecha o reproche penal, puesto que no se ha dado cuenta de hechos concretos que permitan determinar esa circunstancia, no siendo suficiente que la expareja haya prestado declaración en calidad de imputada”, asegura el juzgado de Antofagasta en su segunda negativa a "pinchar" el celular presidencial.
"Tampoco se han aportado antecedentes fidedignos que los fondos asignados a la fundación hubiesen sido destinados a actividades políticas y que de aquello tuviera conocimiento este tercero (Boric)”, cierra el tribunal.
Hoy el fiscal regional de Coquimbo, nacido en Temuco y miembro de una de las familias de colonos europeos que llegó a La Araucania el siglo XIX, enfrenta una solicitud de remoción ante la Corte Suprema, por lo sucedido en la incautación del celular de la diputada Cariola, donde reiteramos, el fiscal no concurrió en persona a verificar que la Policía de Investigaciones (PDI), actuara con la debida delicadeza ante una madre que estaba dando a luz.
Sin embargo y ante el requerimiento de los diputados PC para su remoción, Cooper reaccionó insinuando una persecusión de tipo política y dijo a la periodista Mónica Rincón: "Tendré que defenderme ante las instancias correspondientes. Si el poder político va a reaccionar frente al trabajo de un fiscal regional, perfecto".
La Corte Suprema tendrá la última palabra.
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