La mujer estuvo más de tres años en un sumario administrativo y siguió recibiendo su sueldo de 1 millón 600 mil mensual hasta ser destituida.
La Región25/06/2025
Equipo AraucaniaDiario
Tras un proceso administrativo que duró más de tres años, en octubre de 2024 el Servicio Nacional de Menores (Sename), aplicó la sanción de destitución a una educadora de trato directo -cuyo nombre no ha sido revelado- que ejercía en el centro semi cerrado de Temuco. En dicho recinto, los jóvenes cumplen sanciones decretadas por tribunales, con pernoctación obligatoria y desarrollo de actividades. La investigación se inició en abril de 2021 por la Dirección Regional de la Araucanía del Sename, debido a las sospechas de que una joven del centro había consumido cocaína y otras sustancias, junto a la educadora, según informó CIPER.
El documento que ordenó la sanción de destitución dio cuenta de que a la funcionaria se le formularon cinco cargos: tres relacionados con proveer, avalar y facilitar el consumo de drogas tanto al interior como fuera del recinto del servicio; y los dos restantes por mantener como allegada en su domicilio a una joven del mismo centro y sostener un trato horizontal con otros adolescentes, invitándolos a fiestas en su domicilio.
El sumario acreditó que los hechos denunciados existieron y que la funcionaria tuvo participación en ellos. La inculpada no presentó descargos.
Actualmente, el Sename atraviesa un proceso de cierre, mientras en paralelo se instala el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. CIPER consultó al Sename sobre el caso de la educadora sancionada. El servicio respondió que durante el periodo que duró el sumario administrativo, debido al periodo de pandemia, la trabajadora “dejó sus labores al interior del recinto para realizar teletrabajo, no teniendo contacto con los jóvenes durante todo el transcurso del sumario, ya que no regresó al centro por presentar licencias médicas”.
Dada la extensión del sumario, durante el periodo de éste, la funcionaria siguió percibiendo una remuneración bruta promedio de $1,6 millones.
CIPER consultó a la Fiscalía Regional de La Araucanía si se realizó alguna indagatoria durante el proceso administrativo o posterior a éste. Según la entidad, la causa “fue ingresada en el año 2021. Se emitieron órdenes de investigación, pero posteriormente fue archivada el 2021, debido a la falta de antecedentes suficientes para esclarecer los hechos”.
Tres años después, cuando se aplicó la medida de destitución a la funcionaria, Sename volvió a notificar al Ministerio Público. CIPER consultó sobre el estado de la causa, pero hasta el cierre de la nota, no se recibió respuesta.
La investigación interna determinó que hubo una falta grave a la probidad administrativa. Según el documento, desde el mes de diciembre de 2018 la educadora suministró droga a jóvenes del centro. El documento la acusa, además, de que observó y avaló el consumo de sustancias ilícitas al interior del centro, estando de turno, sin reportar los hechos. También determinó que la trabajadora alteraba las actividades de acompañamiento a los jóvenes fuera del centro “para dirigirlos a su propio domicilio, o de sus familiares, para facilitar el consumo de drogas”.
La investigación determinó que existían múltiples antecedentes que sirvieron para acreditar los cargos imputados. Entre ellos, un informe reservado del centro, declaraciones de una persona denunciante, rendiciones de cuentas y capturas de pantalla.
Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.
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