Tras el fracaso de la fiscalía de La Araucanía y ante la intención del fiscal regional de no seguir indagando, el fiscal nacional Angel Valencia cambió de fiscalía la investigación.
La Región15/09/2025
Equipo AraucaniaDiario
A diferencia de sus antecesores en la investigación, el ex fiscal regional Cristian Paredes y el actual regional de La Araucanía Roberto Garrido, quienes fracasaron rotundamente en la investigación para determinar qué le sucedió a la estudiante norteamericana Erica Hagan, el nuevo fiscal a cargo Aquiles Cubillos, está determinado a dar con los responsables y encontrar al asesino o asesinos de la joven.
El brutal asesinato, ocurrido el 5 de septiembre de 2014 en dependencias del Colegio Bautista de Temuco (mismo donde estudiaba el hijo del ex fiscal regional Cristian Paredes), quedó al descubierto la mañana del día 6, por el esposo de una profesora del establecimiento educacional, en un departamento que la psicóloga utilizaba al interior del recinto.
La norteamericana presentaba signos de haber sido golpeada en la cabeza, supuestamente con un atizador de fuego, y en el inmueble se había producido un incendio intencional, donde el o los autores del crimen quemaron en la chimenea un iPhone, un iPod y otros elementos tecnológicos.
Sin embargo, el avance de la tecnología -que antes no existía- permitiría revisar elementos descartados, cuya información podría ser recuperada y ser útil para la investigación.
Para empezar, la joven tenía dos teléfonos, uno “convencional, antiguo” y un smartphone que había traído de Estados Unidos. Lo que lo que busca la fiscalía en este caso, es tener acceso a la memoria de este último dispositivo para revisar conversaciones que fuesen clave en dar con supuestos responsables.
De hecho, la joven contaba con al menos cinco aplicaciones de chats y aquí podría haber información clave para complementar la investigación.
Por otro lado, también se espera revisar muestras de ADN que no fueron identificadas en su minuto en la escena del crimen y que podrían complementar también los datos con los que se cuenta, lo que sumado a las declaraciones que en su momento no se lograron obtener, de personas que no se ubicaron en el pasado, podrían permitir un éxito investigativo.
Adicionalmente, el fiscal Cubillos dio con una investigación paralela que realizaron en el Colegio Bautista y que originó una carpeta realizada por peritos privados y tendría información importante que antes no fue considerada.
De la misma manera, la fiscalía tiene en su poder un informe del FBI que data de 2016, el cual no constaba en las carpetas anteriores y ya está siendo revisado por los investigadores chilenos.
Sin embargo, dada la negligencia de la fiscalía regional de La Araucanía, que inicialmente se concentró en inculpar a un hombre que era inocente, el guardia del Colegio Bautista, e incluso dejó libres y sobreseídos a los posibes autores o cómplices del crimen, la profesora Marta Sánchez, su esposo Harold Gutiérrez y a su hijo Eduardo, más un amigo de este último, Robinson Soto; a 11 años del crimen los delitos que se pudieron cometer pueden estar prescritos.
El otro problema que existe además, es que de forma precipitada y tempranamente la fiscalía -en un hecho poco común- pidió el sobreseimiento definitivo de quienes podrpian ser los principales sospechosos, a tan solo 9 meses de que había sido asesinada Erica Hagan, algo que el fiscal a cargo de la investigación defendió.
“Efectivamente fueron imputados pero como no se reunieron antecedentes que en definitiva dieran cuenta de su participación como autor, cómplice o encubridor del delito, se decidió en definitiva pedir el sobreseimiento definitivo”, justificó en su momento el fiscal Miguel Ángel Velásquez, pese a las pruebas que indicaban -al menos- la sospecha de su participación y graves contradicciones en sus relatos.
Lo anterior impide que puedan volver a ser perseguidos por la justicia, ya que no se puede investigar dos veces a una persona por los mismos hechos.
En todo caso, el encargo que hizo el fiscal nacional Ángel Valencia, al reabrir la causa, fue lograr dar con la verdad de lo sucedido, independiente de si se puede llevar a juicio a algún presunto responsable o no; considerando además que si alguno de los imputados salió del país, los plazos de prescripción se duplican.
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