Equipo AraucaniaDiario
La máxima autoridad tradicional de la comunidad de Temulemu, en la comuna de Traiguén, el lonco mapuche Juan Pichún Collonao, deberá seguir en prisión preventiva, luego de que el juzgado de Garantía de Temuco decidiera mantenerlo con la medida cautelar más gravosa del sistema penal chileno.
El líder indígena es acusado de haber participado "intelectualmente" de un atentado incendiario, ocurrido en al comuna de Traiguén y que afectó una propiedad y los bienes del diputado de derecha Jorge Rathgeb (RN), quien hoy compite al Senado.
Además, a Pichún Collonao se le imputa el delito de porte ilegal de arma de fuego, donde se desconoce si es por otro hecho, o por las armas que habrían portado los atacantes del atentado al fundo del parlamentario.
Sin embargo, fuentes de AraucaniaDiario en el entorno del lonco señalaron que la acusación es falsa y que sólo se involucra a Juan Pichún en este atentado, debido a que se habría comunicado con un familiar por teléfono el día del atentado, razón por la cual se le involucra en el ataque incendiario y se le imputa haber participado "intelectualmente" de los hechos en los cuales -insisten- nunca tuvo alguna participación.
Luego de conocida la resolución su abogado Sergio Millamán, dijo que apelarán a la resolución adoptada por el tribunal. "Se solicitó la revisión de su medida cautelar, de la prisión prventiva, el tribunal no acogió los argumentos que se virtieron en la audiencia, por lo que se presentará algún recurso para que conozca de la decisión la Corte de Apelaciones", dijo el abogado defensor de Pichún.
Ayer al rededor de 30 comuneros mapuche y miembros de la comunidad de Temulemu llegaron hasta la plaza que está frente a la cárcel de Temuco, donde instalaron lienzos y realizaron una rogativa en apoyo a Juan Pichún, quien es un reconocido líder comunitario e identificado como un "buen vecino" en Traiguén.
Cabe señalar que el lonco de Temulemu es hijo del lonco Pascual Pichún, histórico líder mapuche encarcelado injustamente por el Estado chileno, a quien la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a liberar e indemnizar, incluyendo a toda su comunidad y familiares, por los abusos cometidos en su contra por la justicia de nuestro país.
