Auditoría externa revela millonarias irregularidades en el GORE Araucanía

El Gobernador de La Araucanía, René Saffirio, presentó ante la Fiscalía Regional la auditoría externa correspondiente al período 2022-2024 del Gobierno Regional, un proceso que se extendió por cinco meses y que evaluó la ejecución presupuestaria, la aplicación de la normativa vigente y los mecanismos de control interno.

El documento, elaborado por la consultora Fortunato y Asociados, expone que existen más de $79 mil millones sin rendición, así como $756 mil millones en propiedades y bienes sin regularizar ni transferir a sus beneficiarios finales. 

El Gobernador René Saffirio explicó que estas omisiones implican riesgos legales y administrativos significativos para la institución. “Hemos hecho el acto de entregarlo en el Ministerio Público porque nos parece que esta información es relevante para avanzar con mayor celeridad en las investigaciones que lleva la Fiscalía Regional”, añadiendo que, “no ha habido la suficiente acuciosidad y celeridad que esperábamos para el avance de este proceso. No puede una institución pública permanecer con procesos pendientes eternamente”.

Según explicó la máxima autoridad regional de La Araucanía, el informe concluye con una abstención de opinión, la calificación más grave dentro de una auditoría financiera, ya que no existen antecedentes suficientes para respaldar la veracidad de los saldos. “Lo que ha ocurrido no es casual. Aquí ha habido una estructura pública utilizada para defraudar”, precisó. 

En este contexto, René Saffirio manifestó que “aquí hay crimen organizado, esto no ocurre por casualidad, aquí hay muchas personas involucradas”. Además, explicó que el exgobernador dictó una resolución exenta en 2022 para delegar sus firmas en otros funcionarios, “con lo cual se provee de cierta impunidad respecto de los actos administrativos que se desarrollan gradualmente para defraudar al Gobierno Regional, entonces hay un notable abandono de deberes y una intención deliberada de ocupar el Gobierno Regional de La Araucanía hasta 2024 con la lógica de defraudar, afectándose al patrimonio que pertenece a todos los habitantes de la región”. 

Tras la entrega del informe, el Gobierno Regional anunció una serie de acciones administrativas y legales, entre ellas sumarios internos para determinar responsabilidades. “Fue enviado en realidad a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, una copia de este informe para que se aceleren en la Contraloría Regional los sumarios administrativos que están en curso respecto de aquellos funcionarios del Gobierno Regional que, debiendo haber ejercido funciones de control, no lo hicieron”.