
Operativo desarticula mafia dedicada al comercio ilegal en el centro de Temuco
El despliegue conjunto entre inspectores municipales y Carabineros permitió despejar arterias céntricas tomadas por revendedores ilegales.
Sin embargo, tras la vergonzosa implantación de pruebas en que participó la fiscalía de La Araucanía, ningún fiscal asumirá su responsabilidad en los hechos.
La Región09/01/2026
Equipo AraucaniaDiario
En estos momentos se lleva a cabo la audiencia de lectura de veredicto, en la causa derivada de la fallida Operación Huracán, uno de los casos judiciales más vergonzosos de la justicia chilena, donde miembros de Carabineros se concertaron para implantar pruebas falsas a 7 comuneros mapuche y un periodista, con el fin de inculparlos y encarcelarlos por delitos que no habían cometido.
Vergonzosamente también, para el Poder Judicial de nuestro país, se verificó la participación de fiscales de la fiscalía regional de La Araucanía, aunque a ellos no se les tocó, ni asumirán responsabilidad alguna, luego de que la investigación sobre su participación se le delegara al fiscal de Aysén Carlos Palma.
Por otro lado, de acuerdo con lo resuelto por los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, al menos cuatro de los once acusados fueron declarados culpables, quedando el resto absueltos de toda reponsabilidad, no obstante su participación.
Entre los condenados estarían el general jefe de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu Rodríguez; el capitán Leonardo Osses Sandoval; el mayor Patricio Marín Lazo; y el civil Alex Schmidt Leay, conocido como “El Profesor”, quien fue el que presentó las herramientas tecnológicas que supuestamente permitían intervenir comunicaciones telefónicas, pero que en realidad fueron utilizados para implantar pruebas falsas en los teléfonos móviles de las víctimas, entre ellos el vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor Llaitul y su hijo Ernesto.
Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, sabotaje informático y denuncia calumniosa, entre otros delitos que se les atribuye.
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