Equipo AraucaniaDiario
La noche del 10 de noviembre de 1973 —dos meses después del golpe de estado— se escucharon explosiones y disparos en la Isla Cautín, ubicada en ese entonces al interior del Regimiento Tucapel en Temuco.
Según la prensa de ese momento y de acuerdo a lo que se les había informado oficialmente, se trataba de un intento de "volar" el polvorín del Regimiento Tucapel (lugar donde se guardaban las municiones y los explosivos).
"Anoche a las 23.45 horas. Intentaron volar el polvorín del Tucapel. Grupo de 15 a 20 extremistas provistos de explosivos. Centinelas abrieron fuego abatiendo a siete individuos. Coronel Pablo Iturriaga se hizo cargo personalmente de la situación", tituló e informó en ese momento el Diario Austral de Temuco.
Sin embargo los hechos no habían sido así y los vecinos de Temuco lo recuerdan y lo saben.
Muy por el contrario, los siete militantes del Partido Comunista (PC) habían sido detenidos días antes, sometidos a inhumanas torturas y luego, ejecutados en presencia de "varias personas, entre ellas, el Coronel Pablo Iturriaga Marchesse, el abogado Oscar Podlech Michaud y un oficial de estatura media- alta", dice el auto acusatorio del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien tiene dedicación exclusiva para investigar los crímenes ocurridos durante la dictadura militar, del general Augusto Pinochet.
Sus cuerpos tenían un total superior a los ochenta impactos de bala. Minutos antes los detenidos habían sido subidos a un camión y según declaró en la causa uno de los condenados, Sergio Vallejos, sacados del lugar de detención.
""... en lo que la prensa denominó “Anoche a las 23:45 horas, intentaron volar el polvorín del Tucapel” eso es falso, porque los supuestos extremistas que atacaron el polvorín de “La isla”, se encontraban previamente detenidos en el regimiento"", confesó Vallejos ante el ministro Álvaro Mesa, quien logró condenar a los responsables.
Sin embargo, la Corte Suprema rechazó dos recursos de amparo presentados por la defensa del ministro Mesa, los que buscaban dejar sin efecto la resolución adoptada por la jueza de Garantía, Marcia Castillo Monjes, que declaró admisible dos querellas presentadas en contra del ministro por el delito de prevaricación imprudente.
Estos recursos de amparo fueron presentados por el defensor penal público regional Humberto Serri, ante la Corte de Apelaciones de Temuco y luego que todos los ministros del tribunal de alzada se inhabilitaran, estos fueron enviados a la Corte de Apelaciones de Valdivia, que rechazó los recursos y luego de eso se recurrió a la Corte Suprema, que confirmó el rechazo, por lo que las querellas podrán seguir su curso natural.
En este caso ya existe una investigación abierta que lleva la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.
