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Se trata de tres fraccionamientos por parte de la empresa Besalco, que contempla la construcción de la Subestación Nueva Metrenco, La Línea de Alta Tensión Metrenco-Imperial y la construcción de la Subestación Enlace Imperial que, según los manifestante, afectan a más de 150 comunidades mapuche.
La Región11/09/2020Hasta el frontis de la Superintendencia de Medio Ambiente ubicada en Temuco, llegó un grupo de manifestantes, quienes ingresaron una denuncia en contra de la empresa Besalco, por el fraccionamiento de un proyecto que contempla la construcción de la Subestación Nueva Metrenco, la línea de alta tensión Metrenco-Imperial y la construcción de la subestación Enlace Imperial.
A juicio de los manifestantes, aunque los tres proyectos fueron ingresados de manera aislada para la evaluación ambiental, estos deben ser contemplados y evaluados como uno sólo, por pertenecer a la misma empresa. Por lo mismo esta acción, de ingresarlos de manera aislada, constituye una violación a la prohibición de la ley 19.300, que establece que el fraccionamiento para proyectos se encuentra prohibido.
"Hoy día nosotros hemos venido como comunidades mapuche del sector de Maquehue a presentar una denuncia a la Superintendencia de Energía y Medio Ambiente de la novena región porque consideramos que se ha faltado a lo que se supone que estas instituciones deben cumplir y es de velar porque ser resguarden tanto los derechos ciudadanos como del medio ambiente. Acá se ha aprobado un proyecto eléctrico que consiste en levantar dos centrales una en Metrenco, otra en Imperial y en el medio de ellas 139 torres de alta tensión con alto impacto negativo en la salud tanto de la vida humana como de la naturaleza", comunicó la vocera Milsa Rainhuentemilla.
La vocera, agregó que como pueblo ancestral la razón de "su existencia y de vivir es de estar en armonía con la naturaleza, con el medio ambiente, porque nosotros consideramos que esta tiene vida, tiene un espíritu ancestral", por lo que este proyecto constituye una nueva invasión al territorio mapuche.
Aunque el proyecto fue iniciado a finales del 2019, la comunidad tuvo conocimiento de él durante la pandemia. En ese momento, conocieron los detalles de la obra y que la misma fue firmada por el Intendente de la región, los alcaldes de Temuco y Padre Las Casas, el Gobernador y el Servicio de Evaluación Ambiental, así como la Conadi.
"Yo creo que aquí lo que queda en evidencia nuevamente y a partir de todas las situaciones que estamos viviendo como pueblo en este último tiempo, incluida la huelga de hambre de los presos políticos mapuches, es que el Estado nuevamente nos desconoce como actor político, sino que nos ve como entes individuales, como colectivo, como comunidad (...) y no nos da la categoría que nos corresponde como pueblo ancestral y que es la de un ente que tiene una voz y una postura política", agregó Rainhuentemilla.
Además, la vocera comentó que las construcciones afectan a más de 150 comunidades, las cuales pueden aumentar en el caso de que el proyecto se extienda hasta Nueva Imperial. "Nosotros hasta ahora, lo que hemos hecho es detener la obra que estaba aplazándose en el territorio de Metrenco y hemos hecho ocupación del lugar, que eso es un territorio ancestral mapuche, que se denomina Renaco bajo. Estamos allí desde hace más de un mes, ejerciendo control territorial, producciones económicas y nosotros nos vamos a sostener allí mediante la firme decisión y convicción de las familias mapuches de que la única manera de parar estos megaproyectos que finalmente como dije antes, es una colusión entre los privados y el Estado. La única manera de que podamos detener esta nueva ofensiva es con nuestra presencia y ejecutar la acción de cuidar, recuperar y de controlar nuestro territorio", dijo la mujer mapuche.
"Nosotros como un ente político de pueblo exigimos el respeto para sentarnos a conversar con los otros entes y mientras Besalco insista en ejecutar este proyecto que es de arriba de 100 millones de dólares, nosotros no somos ingenuos en creer que por una conversación ellos van a querer perder el dinero y nuevamente se da el hecho de que las inversiones en nuestro territorio es en base a sustentar económicamente a un grupo poderoso tanto del país como internacional por contra de los beneficios y los derechos de un pueblo", finalizó Rainhuentemilla.
Por su parte, el jefe regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, Luis Muñoz, comentó: "la Superintendencia de Medio Ambiente en lo que tiene competencia es en la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental y en este caso cuando estamos hablando de lo que están planteando las comunidades, asociados al fraccionamiento de este proyecto que está subdividido".
Muñoz precisó que la superintendencia tendría acción solo en el caso de que el fraccionamiento no haya ingresado a evaluación ambiental, pero que si ya fue evaluado ambientalmente, es materia de exclusiva competencia del Servicio de Evaluación Ambiental, a quienes le corresponden "alertar si este efectivamente está o no fraccionado".
"Es el Servicio de Evaluación Ambiental quien debe alertar. Ahora si el SEA alerta que en el fondo hay un fraccionamiento de este macroproyecto, debiesen obviamente ellos actuar en el sentido de forzar a que este proyecto, y entiendo que ese es el objetivo, que ingrese como uno solo", explicó Muñoz.
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