Desalojo arbitario

De acuerdo con Luis Leal, uno de los voceros de la toma, ya los habitantes del territorio se encontraban constituido como Comité ante una notaría pública, lo que significa que este requisito exigido por la municipalidad se cumplió antes del desalojo.

En la solicitud, el grupo también solicita aclarar sobre quién solicitó el desalojo de las familias en las tomas el pasado 26 de febrero, ante la controversia entre la municipalidad y la Gobernación.

Becker reconoció que los terrenos se tratan de un bien nacional de uso público que pertenece a todos los chilenos. Igualmente afirmó que no están destinados para ser vivienda y como encargado de funciones públicas, es su responsabilidad la protección de estos espacios.

Sobre la titularidad del territorio, el Gobernador aclaró que inicialmente se creyó que era la municipalidad. Sin embargo, posteriormente llegaron antecedentes de que podrían haber otros titulares de la acción. Ante la duda cancelaron las medidas de desalojo iniciadas.

Tras ejecutar la orden de desalojo, se conoció que el territorio ocupado por los vecinos no formaba parte de los bienes de la municipalidad sino que son parte del Fisco Nacional.