
La acción judicial fue presentada por la concejala Claudia Peñailillo, por presuntos delitos al interior del Departamento de Aseo y Ornato municipal.

La acción judicial fue presentada por la concejala Claudia Peñailillo, por presuntos delitos al interior del Departamento de Aseo y Ornato municipal.

La acción penal se dirige contra la Fundación Cumplido Circular y Grupo Verde SpA, por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, falsificación y uso malicioso de instrumento público, más lavado de activos.

El comerciante Alejandro Olivares Pino fue denunciado por la institución voluntaria, luego de cobrar facturas y boletas presuntamente falsas.

Se busca aclarar además, las licitaciones durante la dictadura militar del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, torturas y violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en este lugar.

Las fundaciones FOLAB y EDUCC estaban respaldadas por 20 años de experiencia en la ejecución de cursos y capacitaciones. Además, el programa contó con la aprobación de Contraloría mediante la toma de razón y el seguimiento de los profesionales según el protocolo vigente.

En una acción que puede ser imitada en toda la región, el Juzgado de Garantía de Temuco acogió la acción judicial bajo el argumento delictivo de ejercer una actividad comercial sin patente, de explotación de máquinas de azar.

Queda a un lado de al Séptima Compañía de Bomberos de Temuco y en ella se refleja que el sacrificio, trabajo duro y el amor por la comunidad, sí tienen premio.

Raúl Narváez Reyes es imputado por falsificación o uso malicioso de documentos privados. En esta arista del Caso Convenios ya van 12 formalizados.

Diego Benjamín Huircán Soto realizó actos de relevancia y connotación sexual en contra de la vÍctimas de 11 y 13 años a esa fecha, en dependencias del Cendyr Náutico de Nueva Imperial.

La ley de Presupuestos del año 2026 disminuyó en más de un 30% los recursos destinados a la compra de computadores del programa Becas Tic's.

El organismo cuestiona que el oficial no haya sido informado de la calidad procesal en la que se encontraba y tampoco de los derechos que tenía como imputado.