Fueron varios los jueces de Garantía que el lunes en la noche se "inhabilitaron", para entregar la autorización de ingreso y allanamiento al domicilio de Juan Pirce Valenzuela, secretario de actas del juzgado de Garantía de Traiguén; entre ellos la jueza Karina Muñoz, quien trabajaba con Pirce desde hace ya varios años en el tribunal. Por lo mismo, Carabineros debió esperar alrededor de 2 horas antes de poder hacer ingreso a la casa habitación, donde finalmente se descubrió un arsenal de armas e incluso, explosivos.

"Si ya ni siquiera se puede confiar en la justicia, porque incluso dentro del sistema judicial había una persona infiltrada, entonces los caso de terrorismo deben ser sacados de la región y vistos por tribunales de Santiago, donde existan jueces y funcionarios que no tengan ningún vínculo con las personas que deben procesar", dijo al respecto el diputado de Renovación Nacional y presidente regional del partido, René Manuel García.

"... propusimos, hace un mes, que todas las causas relativas al narcoterrorismo sean vistas por jueces de garantía, fiscales y ministros de otra jurisdicción, que no tengan ninguna contaminación, relación, presiones, amenazas o temores por lo que pueda ocurrirles", manifestó además el diputado Miguel Mellado.

"Con lo que se descubrió en Traiguén, creo que esto tiene que discutirse de manera urgente. Porque no puede ser que más de tres jueces no puedan dar una autorización para un allanamiento porque conocen al imputado", puntualizó el parlamentario de RN.

Evaluación de funcionarios

"Yo creo que el Poder Judicial tiene que salir inmediatamente a evaluar cómo es el comportamiento de la gente que trabaja y cómo ellos están también, colocando las cortapisas ... nos preocupa muchísimo que se esté permeando al Poder Judicial, a las instituciones que deberían tener la cortapisa para que el narcoterrorismo no pase sobre cualquier cosa", manifestó Mellado.