Se trata del mismo tribunal donde trabajaba el funcionario judicial al que se le encontró armamento de guerra y explosivos en su casa y donde su jefa, la jueza Karina Muñoz, no otorgó la orden para allanar su domicilio.
Juan Pablo Pirce fue detenido en abril del año pasado en su domicilio por una supuesta denuncia de tráfico de drogas, al que se pudo ingresar luego de que su jefa, la jueza Karina Muñoz, se negara a dar la orden al inhabilitarse.
A raíz de las fotografías difundidas a través de redes sociales, donde se puede apreciar lo que sería el funeral de Pablo Marchant, custodiado por guardias armados con un fusil de guerra y otras armas prohibidas, el Gobierno intentó tomar cartas en el asunto. Sin embargo, no les resultó.
Según informó Ex-Ante, en agosto de 2020 la magistrada autorizó la decisión de la fiscalía de la ciudad de no perseverar una investigación en contra de J.P.P.V., luego de abusar físicamente de su pareja con "golpes de pies y puños". Sin embargo, el lunes pasado se inhabilitó y no autorizó el allanamiento de su domicilio.
Esto luego de que el secretario de actas del juzgado de Garantía de Traiguén fuese descubierto en posesión de un completo arsenal de armas e incluso, explosivos, pero que los jueces de la ciudad se inhabilitaran para dar la orden de allanamiento a su domicilio.
Abogado solicitó que se abstenga de seguir conociendo la causa, ya que su cónyuge Carlos Luchsinger sería primo de Jorge Luchsinger Villiger e incluso, del abogado que habría ocultado el primer testamento, Enrique Stappung.
Guillermo Quiroz fue detenido y desvinculado de la institución al descubrir un millonario entramado de corrupción para extraer, blanquear y comercializar recursos en veda.
En un Día de Campo impulsado por el PTI Araucanía Frutícola de Corfo, 27 agricultores conocieron en terreno el funcionamiento de uno de los mayores huertos de frambuesas mecanizadas del sur de Chile, fortaleciendo la transferencia tecnológica y el trabajo colaborativo para mejorar la competitividad del sector.
El alcalde Roberto Neira explicó que recién en noviembre del año pasado recibieron un oficio por parte de la Subsecretaría de la Niñez dando cuenta de la situación.
A raíz de las irregularidades detectadas por Contraloría, Rodrigo Garrido confirmó que no cumplen con las disposiciones de la Superintendencia de Educación.