Equipo AraucaniaDiario
Alarma causaron las fotografías difundidas a través de redes sociales, donde en una primera instancia se pudo apreciar lo que sería la "guardia de honor" del abatido miembro de la Coordinadora Arauco Malleco, custodiando el ataúd entre cuatro encapuchados, dos con lo que serían escopetas, uno con un fusil M16 y otro con una escopeta de repetición, estas últimas dos armas prohibidas para civiles.
Por lo mismo y en vista de la presión ejercida por grupos de la región, el mismo día del supuesto funeral, la intendencia de La Araucania dedujo una querella por porte y tenencia de armas prohibidas, en el Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén, mismo lugar donde trabajaba el funcionario judicial sorprendido con un arsenal en su domicilio meses atrás.
El documento iba dirigido contra quienes resulten responsables, pero además, en contra de Juan Pirce Valenzuela -en prisión preventiva hace bastante tiempo- y se solicita una orden de entrada y registro al lugar donde estaba siendo velado Pablo Marchant. Ante esto el juez de Garantía de Traiguén no autorizó las diligencias solicitadas si no hasta que rectificaran el error; lo cual hicieron el día 14 de julio. Sin embargo, para entonces el funeral ya había terminado.
Jueza Karina Muñoz
Por otro lado y en vías paralelas, según informó The Clinic, el mismo lunes 12 de julio, la Fiscalía de Alta Complejidad inició una investigación de oficio por porte de armas prohibidas, una vez que tomó conocimiento de las imágenes que se estaban viralizando en redes sociales; siendo encargadas siete diligencias a la PDI: Individualizar a los sujetos de las fotografías; identificar los lugares en que las imágenes pudieron ser captadas; comprobar el tipo de armas y si son modelos que forman o formaron parte del arsenal de las Fuerzas Armadas; indagar otras imágenes, videos, publicaciones, medios o redes sociales; entre otras.
Por lo anterior y ante la querella presentada por el Gobierno, la fiscalía decide solicitar la autorización pertinente para realizar los allanamientos, así como a la orden de entrada y registro que solicitaba la Intendencia, pero una vez más la iniciativa fracasó.
La jueza Karina Muñoz, la misma que se había inhabilitado par autorizar el allanamiento del domicilio de su funcionario, Juan Pirce Valenzuela, dilatando por horas la diligencia, rechazó la petición de la fiscalía “por no existir antecedentes suficientes en cuanto a la individualización del predio y el lugar en que este se encuentra emplazado”.
Así las cosas, la diligencia de ingresar al recinto donde se estaba velando al "weichafe" abatido por carabineros el viernes pasado, incautar las armas y apresar a quienes las portaban no se pudo llevar a cabo, no obstante que queda en duda además la efectividad de haber realizado la diligencia y los otros costos que habría conllevado, habida consideración de la resistencia que habrían encontrado y de la presencia de menores de edad en el lugar.
