
Se trata del mismo tribunal donde trabajaba el funcionario judicial al que se le encontró armamento de guerra y explosivos en su casa y donde su jefa, la jueza Karina Muñoz, no otorgó la orden para allanar su domicilio.
Se trata del mismo tribunal donde trabajaba el funcionario judicial al que se le encontró armamento de guerra y explosivos en su casa y donde su jefa, la jueza Karina Muñoz, no otorgó la orden para allanar su domicilio.
Juan Pablo Pirce fue detenido en abril del año pasado en su domicilio por una supuesta denuncia de tráfico de drogas, al que se pudo ingresar luego de que su jefa, la jueza Karina Muñoz, se negara a dar la orden al inhabilitarse.
A raíz de las fotografías difundidas a través de redes sociales, donde se puede apreciar lo que sería el funeral de Pablo Marchant, custodiado por guardias armados con un fusil de guerra y otras armas prohibidas, el Gobierno intentó tomar cartas en el asunto. Sin embargo, no les resultó.
Según informó Ex-Ante, en agosto de 2020 la magistrada autorizó la decisión de la fiscalía de la ciudad de no perseverar una investigación en contra de J.P.P.V., luego de abusar físicamente de su pareja con "golpes de pies y puños". Sin embargo, el lunes pasado se inhabilitó y no autorizó el allanamiento de su domicilio.
Esto luego de que el secretario de actas del juzgado de Garantía de Traiguén fuese descubierto en posesión de un completo arsenal de armas e incluso, explosivos, pero que los jueces de la ciudad se inhabilitaran para dar la orden de allanamiento a su domicilio.
Abogado solicitó que se abstenga de seguir conociendo la causa, ya que su cónyuge Carlos Luchsinger sería primo de Jorge Luchsinger Villiger e incluso, del abogado que habría ocultado el primer testamento, Enrique Stappung.
La situación golpeará fuertemente al Municipio, pero un decreto firmado por el Presidente Boric les permitirá cerrar anticipadamente, sin pagar la "multa" de $14.131 millones que corresponde.
Los pequeños agricultores y comunidades mapuche no han podido quemar sus rastrojos para luego sembrar, debido al atraso de las autorizaciones de Conaf y el inicio del PDA.
En otra de las aristas del caso "Convenios", se investiga la asignación fraudulenta de recursos a particulares relacionados a autoridades o políticos.
Las palabras "F. Fisco", "Cohecho", "Delito", "Encubridor" y "Folab", entre otras, son las que se pueden leer en el elemento sacado ayer de la oficina por la PDI.
$4.700.000 ganaría el gerente interino y $3.500.000 un operador político. Sin embargo, un "error" administrativo los dejó sin recursos para las remuneraciones de este año.