"La cuestión, el problema mapuche, el conflicto mapuche de violencia rural, como quiera que ustedes lo llamen, es en primer lugar un problema político, un problema de política, por tanto a nosotros como institución técnica encargada de la investigación y persecución penal sólo nos compete investigar aquella manifestación que se da al momento de la comisión de ilícitos ...", dijo el ahora ex fiscal regional Cristian Paredes, en la sesión de la comisión de Seguridad del Senado, cuando fue citado el 4 de agosto de 2020 (ver video aquí).

"... pero es la autoridad política, la autoridad del ejecutivo y la autoridad del legislativo, ustedes como Senado y la Cámara de Diputados, los llamados a -y aquí hablo ya incluso como ciudadano y no sólo como autoridad de la fiscalía- los llamados a crear las condiciones para que de una buena vez poder superar este tipo de situaciones y estas demandas históricas que tienen justicia por parte del pueblo mapuche", agregó Paredes en la oportunidad.

Luego de su recordada intervención, donde además criticó no tener los recursos necesarios para un mejor desempeño en la Fiscalía Regional, Paredes recibió duras críticas, tanto de parlamentarios oficialistas, como de oposición, destacando entre ellos el senador Felipe Harboe (PPD).

Demandas históricas

Y es que por mucho que las demandas del pueblo mapuche sean históricas y haya de por medio un problema político, cuando el conflicto llega a las víctimas de un Estado de Derecho, la función del Ministerio Público es Investigar y condenar, no deliberar u ocupar el tiempo y recursos -por cierto escasos- en justificar la ineficiencia del actuar de la Fiscalía Regional.

Luis Morales, Orwal Casanova, Eugenio Naín, Alejandro Treuquil, Victor Mendoza Collío, los hermanos Jorge Marimán Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla, son algunos de los tantos asesinados en lo que es el llamado conflicto mapuche en La Araucanía. Todos tienen familia, padres, hermanos, hijos y amigos. Lo único que aún no tienen, es justicia.

1,3% condenados

En un reportaje interactivo hecho por La Tercera, llamado "El mapa definitivo de la violencia en la Macrozona sur", además de poder ver de manera interactiva los hechos de violencia a través del paso del tiempo, de forma georreferenciada y en un mapa en tiempo real, es posible analizar los datos de la Fiscalía Regional.

Según la investigación de La Tercera, estos son los resultados de la Fiscalía Regional de la Araucanía en casos de violencia rural:

- 236 Investigaciones por violencia rural abrió la Fiscalía de la Araucanía entre 2018 y 2020
- 1,30% Del total de causas han tenido condena
- 60% De las investigaciones siguen vigentes
- 38,50% De las indagatorias están terminadas
 -2020 Fue el año con mayor cantidad de denuncias por violencia rural (119 casos)

De las 236 Investigaciones por violencia rural que abrió la Fiscalía de la Araucanía entre 2018 y 2020, sólo 3 han tenido una condena.

Así, la gestión de los casos relativos a la violencia rural en La Araucanía reflejan claramente la forma de acometer la investigación durante la administración de Cristian Paredes (2013-2021): "... pero es la autoridad política ... ustedes como Senado y la Cámara de Diputados, los llamados a -y aquí hablo ya incluso como ciudadano y no sólo como autoridad de la fiscalía- los llamados a crear las condiciones para que de una buena vez poder superar este tipo de situaciones y estas demandas históricas que tienen justicia por parte del pueblo mapuche".

Palabras que reflejan no sólo un pensamiento personal, si no que pueden tal vez evidenciar lo que ha sido la guía de la máxima autoridad regional -hacia sus subalternos- al momento de acometer estas investigaciones, razón por la cual habría sólo un 1,3% de casos con condenas, como señala La Tercera.

Finalmente, cabe precisar que de no haber quedado herido, entre los matorrales y desangrándose, el machi Celestino Córdoba, tampoco habrían condenados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.