Varios días han pasado desde que el joven "weichafe" de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Pablo Marchant Gutiérrez, falleciera abatido en un enfrentamiento con carabineros que custodiaban una faena forestal, en cumplimiento de una orden judicial emanada de un tribunal de Carahue.

Y si algo no pasó desapercibido, fueron las ceremonias fúnebres del miembro de la CAM, que pese a no pertenecer a la etnia mapuche, fue sepultado según la tradición de este pueblo originario, lo que sumado a las armas que se vieron a través de las fotografías que se difundieron por redes sociales, despertó la atención del Gobierno.

Así, en primera instancia se intentó una querella criminal para decomisar el armamento de guerra, lo que no pudo llegar a buen puerto porque el abogado que redactó la acción penal, se equivocó en el documento e incluyó el nombre del funcionario judicial de Traiguén que ya está en prisión preventiva, Juan Pirce Valenzuela, más todos quienes resultaran responsables, motivo por el cual el juez de Garantía negó las diligencias que se solicitaban y dio un plazo para corregir el libelo.

Una vez reingresado el escrito, fue la jueza de Traiguén Karina Muñoz -quien se inhabilitara y demorara el allanamiento al domicilio del Pirce Valenzuela en su oportunidad- la que negó nuevamente las diligencias solicitadas, lo que en definitiva impidió que se incautaran las armas que se vieron en el funeral de Pablo Marchant.

Inhumación ilegal

Si embargo, algo que tampoco pasó desapercibido, fue justamente la duración del velorio y funeral de Marchant, la cantidad de público asistente y muy particularmente, el lugar de la sepultura o inhumación del cuerpo del combatiente de la CAM.

Por lo mismo, AraucaniaDiario consultó hace más de 5 días si el ministerio de Salud cursaría algún sumario sanitario, a lo cual no obtuvo respuesta si no hasta ayer, cuando el propio delegado presidencial de La Araucanía Víctor Manoli, lo confirmó.

"Efectivamente, presentamos una denuncia ante el Ministerio Público, luego de conocer que una persona habría sido sepultada en un predio particular, que no cuenta con las condiciones establecidas para tales efectos y además fuera de los plazos establecidos por la norma sanitaria, para inhumar a una persona", dijo Víctor Manoli.

Así las cosas, ahora la fiscalía deberá investigar quien retiró el cuerpo del joven de la CAM, en qué predio fue sepultado y quién será responsable por lo sucedido; algo que no es fácil, considerando que muchos de los presentes se encuentran en clandestinidad o se identifican como meros voceros de la organización.