Héctor Llaitul Carrillanca, líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), presentó el 18 de agosto pasado una demanda de indemnización por crímenes de lesa humanidad en contra del Estado de Chile. En la acción, declarada admisible por el 7º Juzgado Civil de Santiago, exige una compensación de $200 millones por los daños y perjuicios sufridos en dictadura.

Según informó La Tercera, en la demanda se lee que Llaitul, que forma parte del listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por la Comisión Valech II, es "una de esas miles de víctimas de detención ilegal y arbitraria, de tortura y prisión política, por su condición política y por pertenecer al pueblo mapuche".

En el libelo, el activista, que forma parte del listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por la Comisión Valech II, es “una de esas miles de víctimas de detención ilegal y arbitraria, de tortura y prisión política, por su condición política y por pertenecer al pueblo mapuche”.

“Cuando fui detenido el 28 de abril de 1988, estudiaba trabajo social en la Universidad Católica de Valparaíso y era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fui detenido por Carabineros, reducido a golpes por efectivos de las fuerzas especiales de Carabineros, fui trasladado junto a otros compañeros a dependencias de la comisaría Central de Carabineros de Valparaíso, donde al igual que muchos compañeros fui sometido a maltrato físico y verbal”, señala Llaitul en la demanda, añadiendo que fue trasladado a la cárcel de Quillota y en el lugar, fue aislado e incomunicado.

“En la cárcel de Quillota fui interrogado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en tres ocasiones en días distintos durante los diez días que permanecí incomunicado (…) fui sometido a golpes con la vista vendada y esposado, fui desnudado y se me aplicaron descargas eléctricas en los tobillos, desconozco si había alguien más. También fui interrogado en dos ocasiones por el Fiscal Naval, quien me amenazaba, ordenaba los interrogatorios y las incomunicaciones”, acotó.

"Es de justicia que Héctor Llaitul Carrillanca sea indemnizado por parte de quien fue responsable de la situación que debió sufrir: detención ilegal y arbitraria, incomunicación prolongada, lo que constituye un trato inhumano y degradante, y torturado bajo prisión política”, afirmó la demanda patrocinada por el abogado Alberto Espinoza, quien presentó la primera querella contra Augusto Pinochet y ha sido el histórico abogado de la mayoría de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).