Los vigilantes Benjamín Cuevas y Alejandro Carrasco, y el trabajador silvícola Segundo Catril son las víctimas fatales de los 50 ataques incendiarios en contra de empresas prestadoras de servicios forestales ocurridos entre el 1 de enero y el 4 de julio de 2022. 

Y es que, según cifras de la Asociación de Contratistas Forestales, estos ataques han afectado a 59 empresas y a 5.900 trabajadores aproximadamente. Mientras que René Muñoz, gerente del gremio, señaló que cuando ocurre un ataque a una faena forestal, son dos los tipos de afectaciones que se producen. 

Una es la afectación física directa que sufren los operadores, vigilantes y trabajadores con golpes, disparos y encañonamientos. Y la otra es la indirecta o psicológica que involucra al resto de los compañeros de trabajo que también sufren la violencia de estos grupos armados.

"Hay que considerar que, en muchos casos, las empresas llevan soportando varios atentados, lo que genera incertidumbre e intranquilidad en los trabajadores por la pérdida de empleos”, indicó. 

"Zona roja"

Otro de los datos que presentó la Asociación de Contratistas Forestales es la distribución de estos 50 atentados en las comunas de la macrozona sur. Estos indican que las comunas que más ataques han concentrado son Lumaco (9), Curanilahue (6), Los Sauces (4), San Juan de la Costa (3) y Collipulli (3).

Además, Muñoz señaló que llama la atención que, entre las comunas con más ataques este 2022, figure una de la región de Los Lagos, como San Juan de la Costa, un indicador de que la violencia se está instalando también más al sur de la macrozona con la presencia de grupos armados en esa región”. 

"En relación con el año pasado, a igual fecha hay un 22% más de atentados, período donde hubo 41 ataques, versus los 50 de este semestre", añadió.

Finalmente, señaló esperar que estas cifras alerten de las consecuencias de la violencia en la macrozona sur. Más allá de los distintos estados de excepción, los ataques continúan y expresaron, necesitar que el presidente y los parlamentarios pongan urgencia a los proyectos de ley que respalden la defensa del Estado de Derecho”.