CAM denuncia persecución política tras detención de su vocero político

La nueva detención de Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) -en total tranquilidad y sin oponer resistencia alguna-, revolucionó todo el ambiente regional y nacional que gira en torno al conflicto existente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, quienes, en mayor o menor medida, se encuentran enfrentados por mejores condiciones de vida, territorio o autonomía, según sea la presión que le ponen a sus reivindicaciones y el afán para lograrlas.

La CAM busca autonomía, una de las exigencias más difíciles -sino imposibles- de cumplir, ya que implica entregar la administración y poder político de una o más regiones, a una o unas organizaciones, que hasta la fecha han demostrado su incapacidad de organización. Héctor Llaitul es su vocero y principal exponente, desde que la Coordinadora Arauco Malleco comenzara a funcionar.

Hoy, Llaitul se encuentra detenido, tal y como lo estuvo hace casi 5 años atrás, cuando funcionarios de Carabineros investigando para la Fiscalía de La Araucanía, implantaron mensajes falsos en su celular y lo tuvieron varios meses preso, junto a su hijo "Nano" Llaitul. En este montaje, según la abogada Marissa Garrido, estaría metido al menos un fiscal de la región, quien también debiera estar formalizado, pero que sigue desempeñándose en la fiscalía que administra Roberto Garrido.

Así las cosas, es entendible la desconfianza que puedan tener tanto sus familiares, como el propio Llaitul, quien mañana sería formalizado con pruebas que según la fiscalía regional, serían suficientes para su detención y no haberlo citado a declarar

Comunicado de la CAM

"La decisión de este gobierno de pseudo izquierda de dar continuidad a lo que fue antes la Concertación, pone una vez más su administración al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche. Claro ejemplo de ésto es la designación de operadores políticos de inteligencia como lo son Manuel Monsalve, Humberto Toro y demás personas en su gabinete que vienen de la formación de Mahamud Aleuy y que, a lo largo de estos años, no han hecho más que cuadrarse siempre con el empresariado", comunicó la Coordinadora Arauco Malleco a través de un comunicado enviado hoy.

"Todo esto también de la mano del partido comunista, quienes increíblemente han respaldado la presencia de militares en el Wallmapu y permitido operaciones políticas de esta índole en contra del movimiento mapuche autonomista, como la llevada a cabo el día de hoy", criticaron además.

"La detención de nuestro vocero y dirigente histórico Hector Llaitul, busca amedrentar el proyecto político – estratégico que llevan adelante familias, comunidades y weichafe dignamente. Quienes, masivamente, hemos vuelto a ocupar territorios que hasta ahora estaban bajo control de la industria forestal y el latifundio. Hoy, este proceso es parte de la reconstrucción nacional de nuestro pueblo y de la autonomía ejercida a través de un verdadero y digno control territorial que nada tiene que ver con mafias de madera y narcotráfico, de lo cual nos hemos siempre desligado tajantemente, siendo esto muy bien sabido por los entes persecutores", agregaron desde la Coordinadora Arauco Malleco.

"... declaramos esta detención como la materialización de la persecución política en contra de nuestro proyecto político, el cual ha permeado en comunidades que hoy mantienen en jaque la presencia de la industria forestal principalmente", manifestaron.

"... la detención de nuestro peñi y lamgen es, sin duda, un punto de inflección para el movimiento mapuche autonomista revolucionario que, contrapone tajantemente la confrontación a este Estado colonial y su política de integración forzada. O luchamos de verdad por la reconstrucción nacional mapuche o sólo es discurso y presión para recibir migajas que ofrece el Estado", puntualizaron desde la CAM.

Mañana jueves, alrededor de las 10 de la mañana, se definirá si Héctor Llaitul, el vocero de la CAM, queda sujeto a la medida más gravosa que tiene el sistema penal chileno para garantizar que un ciudadano se presente a juicio oral, mientras se presume su inocencia, hasta que se compruebe lo contrario.