Los consejeros Marcelo Carrasco y Miguel Ángel Contreras, junto con rechazar la instalación, en Padre Las Casas y Temuco, de un modelo centralizado como el Transantiago, con una o dos grandes empresas controladoras de un eventual nuevo sistema, emplazaron al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y al Subsecretario de Transportes, a trabajar de manera conjunta con los alcaldes de ambas comunas, con sus concejales, con el Gobernador Regional y con el Core.

“El Transantiago, este modelo que se ha implementado de manera inconsulta, debe ser una de las políticas públicas con mayor gasto anual para el Estado y además es ineficiente”, afirmaron tajantemente los consejeros.

Los dueños del Transantiago son grupo privado de inversionistas y un holding empresarial, y actualmente, del total de 6 mil 700 buses del transporte público, existen 996 vehículos renovados, de los cuales, 386 son eléctricos y 610 Euro VI, que se distribuyen en 39 recorridos por 29 comunas de la capital.

“Si los empresarios del transporte público y los conductores permiten que se instale un Transantiago en Temuco y Padre las Casas, será el fin de la empresa regional de transportes, y pasaremos a un sistema centralizado, con una o dos grandes empresas como controladores”, afirmaron Marcelo Carrasco y Miguel Ángel Contreras.

Transantiago

“Para que los empresarios regionales reaccionen les dejamos la reflexión de un tecnócrata del Ministerio del Transportes del año 2016, que dijo que la mayor gracia del Transantiago es que se eliminó la “jungla” de pequeños y medianos empresarios que componían el sistema antes del 2016, y que hoy el Estado tiene la libertad para decidir qué hacer con la prestación del servicio sin mayores conflictos”, manifestaron los consejeros.

Carrasco y Contreras, coincidieron en señalar que con el Transantiago lo que se prometió en un comienzo era dejar el auto en la casa, y generar una alternativa real al automovilista, “lo que obviamente no se ha cumplido, y que se trata un servicio mal evaluado, con pésimos indicadores y que además le cuesta una brutalidad al Estado de Chile, por lo tanto, no puede ser una buena política pública”.

“Las críticas referentes al tipo de contratos y al sistema de licitaciones en cuanto a las empresas operadoras de los buses, se suman otras respecto de los problemas de diseño y también por la ausencia de metas e indicadores objetivos sobre los resultados, y si se analiza la forma en la cual se busca implementar esta política pública centralista en nuestra región, uno se da cuenta que lleva el mismo itinerario como se instaló el Transantiago”, señaló Marcelo Carrasco.

“En la implementación de este nuevo modelo regional, nos preguntamos cuál ha sido la participación de las autoridades comunales, del gobierno regional y de la sociedad civil, y la respuesta es ninguna”, agregó el consejero.

“Las autoridades centrales deben implementar un modelo distinto en nuestra región, de la mano con la empresa regional y sus trabajadores, los conductores, y además, en coordinación con sus autoridades, y si esto no es así, terminarán con la empresa regional del trasporte público y junto con ello, repetirán un proceso que ya fracasó en Santiago”, dijeron ambos consejeros.

Finalmente, Miguel Ángel Contreras, que preside la Comisión de Transporte Urbano del Consejo Regional, dijo, en relación al perímetro de exclusión, “noto que no se le ha consultado a actores principales de lo que se desea implementar, que son los propietarios de las máquinas, los empresarios como se llaman, los conductores, todo en beneficio del ciudadano común y corriente, que deben utilizar este medio de transporte, que es público, y que debe ser de la mejor manera”, puntualizó.