El Juzgado de Garantía de Temuco dejó sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de acercarse a las presuntas víctimas, a los efectivos del Ejército teniente Juan Carlos Calvo Oróstica; sargento segundo Enrique Alejandro Quintana Bastías; a los cabos primero Patricio Fabián Fuentes Gatica, Isaías Osvaldo Illanes Aguilera y Daniel Esteban Guarda Peña; a los cabos segundo Claudio Matías Millalén Correa y Matías Eduardo Matamala Osorio; y al alférez Walter Francisco Balboa Cid, imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de tortura. Ilícito que se habría producido en octubre de 2019, en la ciudad de Temuco.

En la audiencia de formalización (causa rol 11.198-2019), el magistrado Alfredo Cox Castro desestimó la prisión preventiva solicitada por ella Fiscalía Regional, al considerar que no se justifica la privación de libertad de los imputados, los que cuentan con irreprochable conducta anterior y se presentaron voluntariamente al procedimiento.

Los hechos

Según la fiscalía, aproximadamente a las 22:30 horas del 22 de octubre de 2019, las víctimas, R.I.G.Q. y C.F.C.M., se encontraban participando en una manifestación pública, en el contexto del denominado estallido social, en la intersección de las calles San Martín y Andes de Temuco; lugar al que arribaron efectivos del Ejército, a bordo de vehículos institucionales, quienes procedieron a detener a los jóvenes.

De acuerdo a la fiscalía, una vez reducidos, habrían obligado a R.I.G.Q., en medio de golpes, a arrodillarse y pedir disculpas a viva voz  a los vecinos del sector por estar protestando. Luego, habrían maniatado a las víctimas y, en uno de los vehículos en que se desplazaban, las habrían llevado hasta el Cementerio General de Temuco, lugar donde las habrían obligado a apoyar la frente en uno de los muros de la necrópolis y, en medio de golpes e insultos, habrían vuelto a exigirles que pidieran “disculpas al país por protestar”.

Finalmente y siempre ubicadas las víctimas de cara a la pared, los soldados habrían manipulado las armas que portaban, simulando un fusilamiento y, en medio de patadas, se les habría ordenado que se retiraran del lugar, sin mirar atrás, bajo la amenaza de dispararles a matar. Los integrantes de la patrulla militar no dieron cuenta a la autoridad policial de la detención de las presuntas víctimas.

A consecuencia de la presunta golpiza, R.I.G.Q. resultó con una contusión costal, el que habría sido causado por el golpe propinado por uno de los imputados con un fusil -según el relato de la presunta víctima- entre otras lesiones; en tanto, C.F.C.M. resultó con equimosis en la región dorsal intercostal derecha, en la fosa ilíaca derecha y eritema en la región lumbar. Lesiones catalogadas clínicamente como de carácter leve.

El juez de Garantía fijó en cuatro meses el plazo de investigación.