Senadores Quintana y Aravena presentan proyecto para reforzar la seguridad de las víctimas

Datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), muestran que los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), se incrementaron un 44,6% en 2022, respecto al año anterior. Dentro de los delitos que más aumento registraron, se encuentra el robo con violencia o intimidación (63,1%), robo por sorpresa (61,2%) y robo en lugar no habitado (56,4%). Por su parte, los casos de VIF se mantuvieron estables con una variación de 0,2%.

Este aumento real provoca una inquietud natural de la ciudadanía ante la posibilidad cierta de ser víctima de hechos delictuales y de violencia, en un escenario donde quienes son afectados por estas situaciones, deben ingresar a un sistema que les entrega poca información, escasa asistencia, y precarias herramientas y medidas de protección.

En ese contexto, un grupo de senadores, conformados por Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, Iván Flores, Manuel José Ossandón y Jaime Quintana, presentaron un proyecto de ley que pretende crear un estatuto de defensa de las víctimas de delitos, con el objetivo de ofrecer un apoyo efectivo a quienes son afectados por episodios delictuales una vez que ingresan al sistema judicial para perseguir a los autores y buscar reparación.

Uno de los aspectos más complejos que deben enfrentar las víctimas en la actualidad es que la gran mayoría de las causas judiciales que se abren para investigar un delito, son archivadas por falta de antecedentes. Un análisis de las cifras entregadas por el Boletín Anual de la Fiscalía, da cuenta que desde el año pasado, de los 1.764.425 términos de causas, sólo 166.151 terminaron en sentencias condenatorias.

Sin nuevos antecedentes

Al respecto, es revelador que el número de archivos provisionales, es decir, la facultad que se otorga a la Fiscalía para archivar aquellas investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitan desarrollar actividades para el esclarecimiento de los hechos, fue la causal de término en 920.341 casos.

La realidad es que hoy el catálogo de derechos que detentan las víctimas queda, por lo general, sólo en el papel, donde la falta de información acerca del avance de su causa y la falta de protección efectiva son los mayores problemas.

En esa línea, el proyecto de ley busca crear un estatuto de víctimas, modificando e incorporando para ellas nuevas garantías. En particular, se redefine el concepto de víctima y se genera un nuevo catálogo de derechos extraprocesales y procesales, lo que robustece la actual legislación.

En cuanto al concepto de víctima, la iniciativa establece que será considerada víctima directa toda persona natural que haya sufrido daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio. Mientras que en los delitos cuya consecuencia fuere la muerte del ofendido, o éste no pudiere ejercer sus derechos, y siempre que no se tratare del responsable de los hechos, será considerada víctima indirecta el cónyuge, conviviente y los hijos; los ascendientes; y los hermanos".

Dentro de las garantías extraprocesales, el proyecto determina que toda víctima tiene derecho a solicitar información, protección, apoyo, asistencia y atención, así como a participar activamente en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios y durante todas las etapas del procedimiento.

Medidas de protección

También se contempla recibir información oportuna, adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos. Además, establece el derecho a exigir medidas de protección, frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia. Las medidas han de actualizarse con arreglo al transcurso del proceso y a las circunstancias.

Al respecto, la Senadora republicana Carmen Gloria Aravena, indicó que “la creación de este estatuto ya es en sí un acto de reparación a las víctimas porque les entrega la relevancia que tienen no sólo por el hecho de ser víctimas de delitos, sino porque al mismo tiempo son una pieza clave para el desarrollo de la investigación y los procesos judiciales, donde se debe velar por su integridad física y mental, y puedan ejercer debidamente sus derechos y participar de las instancias que permitan terminar con éxito los juicios y haya reparación real”.

La legisladora agregó, que en el caso de su región, La Araucanía, “las víctimas llevan décadas esperando una protección concreta del Estado y una respuesta eficaz en la reparación del daño causado, que incluye que los victimarios paguen por los delitos cometidos, que en muchos casos ha incluido la muerte de personas inocentes”, puntualizó la Senadora.