Un comunicado difundió la Multigremial de La Araucanía, "en representación de los principales gremios productivos que han sido afectados por la crisis de seguridad y las familias de La Araucanía que han sufrido por el terrorismo", según el comunicado que a continuación se reproduce:

"El Gobierno ha presentado este veto como un ajuste a la "defensa privilegiada", pero la realidad es otra. Lo que buscan es cambiar penas de cárcel por multas, engañando a la opinión pública. Calificamos este acto como una política de desinformación, liderada por el Ministerio de Interior, que nos preocupa. El presidente Gabriel Boric y la ministra Carolina Tohá presentaron un veto que solo favorece a quienes apoyan o facilitan la acción de delincuentes y terroristas, desprotegiendo a la gente honesta y contraviniendo a la mayoría democrática de los parlamentarios y ciudadanos del sur. 

Este veto es un guiño ideológico a sectores políticos ideologizados y a los grupos violentos en la Macrozona Sur, comprometiendo la seguridad de nuestras regiones. La idea de graduar las penas y de incorporar la alternativa que un juez decida si cárcel o multas en algunos casos, es un grave error. El Gobierno presentó indicaciones en este sentido durante toda la tramitación legislativa y engañó a la opinión pública señalando que este veto sería solamente para modificar la defensa privilegiada. El veto desvirtúa la Ley de Usurpaciones, dejándola como letra muerta, y contradice lo que el Congreso Nacional ya había aprobado. 

El veto es un retroceso. En la Macrozona Sur enfrentamos un promedio de 150 usurpaciones por año, un promedio de 3,5 por semana, y condenas solamente en el 1% de los casos, con multas muy bajas, menores a los 20 mil pesos. El Gobierno quiere que creamos que las usurpaciones no violentas son menos graves. Pero no nos confundamos, el 70% de las usurpaciones son no violentas y este veto solo servirá para perpetuar la impunidad.

Sabemos que la justicia tiende a buscar las penas más bajas posibles y que se encuentra bajo permanente presión por parte de los delincuentes. Las penas alternativas son, en este contexto, una cortina de humo que mantiene a los ciudadanos en una posición vulnerable. 

El Gobierno se dice democrático y afirma escuchar la voz del pueblo. Sin embargo, en este caso, quienes sufrimos las consecuencias de las usurpaciones no hemos sido escuchados. Este veto también socava la voluntad del Congreso Nacional, que había aprobado la pena de cárcel en ambas cámaras. Pareciera ser que en La Moneda la democracia solamente funciona cuando conviene".