La entidad manifestó que el veto a la ley de Usurpaciones solo favorece a quienes apoyan o facilitan la acción de delincuentes y terroristas, desprotegiendo a la gente honesta y contraviniendo a la mayoría democrática de los parlamentarios y ciudadanos del sur.
La Región02/10/2023
Equipo AraucaniaDiario
Un comunicado difundió la Multigremial de La Araucanía, "en representación de los principales gremios productivos que han sido afectados por la crisis de seguridad y las familias de La Araucanía que han sufrido por el terrorismo", según el comunicado que a continuación se reproduce:
"El Gobierno ha presentado este veto como un ajuste a la "defensa privilegiada", pero la realidad es otra. Lo que buscan es cambiar penas de cárcel por multas, engañando a la opinión pública. Calificamos este acto como una política de desinformación, liderada por el Ministerio de Interior, que nos preocupa. El presidente Gabriel Boric y la ministra Carolina Tohá presentaron un veto que solo favorece a quienes apoyan o facilitan la acción de delincuentes y terroristas, desprotegiendo a la gente honesta y contraviniendo a la mayoría democrática de los parlamentarios y ciudadanos del sur.
Este veto es un guiño ideológico a sectores políticos ideologizados y a los grupos violentos en la Macrozona Sur, comprometiendo la seguridad de nuestras regiones. La idea de graduar las penas y de incorporar la alternativa que un juez decida si cárcel o multas en algunos casos, es un grave error. El Gobierno presentó indicaciones en este sentido durante toda la tramitación legislativa y engañó a la opinión pública señalando que este veto sería solamente para modificar la defensa privilegiada. El veto desvirtúa la Ley de Usurpaciones, dejándola como letra muerta, y contradice lo que el Congreso Nacional ya había aprobado.
El veto es un retroceso. En la Macrozona Sur enfrentamos un promedio de 150 usurpaciones por año, un promedio de 3,5 por semana, y condenas solamente en el 1% de los casos, con multas muy bajas, menores a los 20 mil pesos. El Gobierno quiere que creamos que las usurpaciones no violentas son menos graves. Pero no nos confundamos, el 70% de las usurpaciones son no violentas y este veto solo servirá para perpetuar la impunidad.
Sabemos que la justicia tiende a buscar las penas más bajas posibles y que se encuentra bajo permanente presión por parte de los delincuentes. Las penas alternativas son, en este contexto, una cortina de humo que mantiene a los ciudadanos en una posición vulnerable.
El Gobierno se dice democrático y afirma escuchar la voz del pueblo. Sin embargo, en este caso, quienes sufrimos las consecuencias de las usurpaciones no hemos sido escuchados. Este veto también socava la voluntad del Congreso Nacional, que había aprobado la pena de cárcel en ambas cámaras. Pareciera ser que en La Moneda la democracia solamente funciona cuando conviene".
La decisión la adoptó la contralora general Dorothy Pérez, por motivos propios del servicio, pasando a desarrollar otras funciones dentro de la institución.
La directiva de ANFU Riego del MOP reaccionó así a las palabras del seremi que le bajó el perfil a las denuncias de acoso laboral existentes en su servicio.
Previo a la entrega del acuerdo por la Paz y el Entendimiento, personeros de Republicanos llamaron a rechazar el documento que se debe entregar la próxima semana.
El funcionario presentó una acción de tutela laboral, luego de ser desvinculado de la universidad, tras una serie de decisiones que la llevaron a una crisis financiera.
En un intento de homicidio, el funcionario recibió un corte en el mentón. Además, otro gendarme fue agredido, siendo ambos internados en el hospital de Temuco.
Se trata de proyectos que estaban evaluados desde la administración anterior, como el aporte para la reposición del cuartel de Bomberos de la Octava Compañía de Temuco.
La situación ya habría ocurrido en 2022 sin que las autoridades sancionaran al docente. Alumnos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias llamaron a un paro hoy.
El funcionario presentó una acción de tutela laboral, luego de ser desvinculado de la universidad, tras una serie de decisiones que la llevaron a una crisis financiera.
En la ocasión, Cristian Mallol Comandari, recibió tan sólo una amonestación y pudo continuar haciendo clases. Dos estudiantes habrían quedado con estrés post traumático.
La directiva de ANFU Riego del MOP reaccionó así a las palabras del seremi que le bajó el perfil a las denuncias de acoso laboral existentes en su servicio.
La decisión la adoptó la contralora general Dorothy Pérez, por motivos propios del servicio, pasando a desarrollar otras funciones dentro de la institución.
