Mucho se debate hoy sobre las Reglas del Uso de la Fuerza o RUF, algo que sin duda faltaba regular, pero donde a los de derecha se nos pasó la mano y el tejo también quedó muy para el otro lado.

Si hay algo que no es justo, es que alguien sea "juez y parte" al momento de investigar, juzgar y sancionar. Y resulta que nuestros honorables ahora quieren que la justicia sobre un militar, vuelva a tribunales militares, como era antaño.

Fue la exPresidenta Michele Bachelet y el exPresidente Sebastián Piñera quienes lograron "sacar" la justicia de los tribunales castrenses y remitirla a los juzgados comunes y corrientes, de manera que no sean ellos mismos los que se investiguen y juzguen, como era antes y donde, por supuesto, en lugar de encontrarse siempre la verdad, muchas veces se descubría solo lo que la jefatura ordenaba.

Así, habría sido imposible descubrir los miles de millones robados por un puñado de Carabineros deshonestos, o los fraudes del Ejército, así como nunca se sabrá -por la mano de la justicia- qué sucedió con el joven de 16 años que dos Carabineros, presuntamente, asesinaron en Puerto Montt el 3 de septiembre de 2005. José Huenante, el primer detenido desaparecido en Democracia. Ambos efectivos policiales fueron investigados por su misma institución y nunca se encontró nada, ni siquiera el cuerpo del adolescente.

Por eso que la justicia no debe volver al fuero militar sino mantenerse en manos del sistema judicial chileno, que si bien es cierto es deficiente, al menos da garantías de que no serán los mismos quienes se investiguen, a excepción por supuesto, del Ministerio Público.

¿Y el Ministerio Público?

Bien lo contó Tomás Mosciatti en una de sus brillantes columnas de opinión, al ex fiscal nacional Jorge Abbott -más célebre no por sus aciertos, sino por su relación con los políticos- se le vio muy activo durante la primera Convención Constitucional, dialogando con convencionales de izquierda y sus asesores, con el fin de que no se les tocara un pelo en la redacción de la nueva Constitución y finalmente, lo logró.

Si uno compara lo que se hizo con el Congreso, donde se proponía hasta eliminar al Senado; o con la Presidencia, a la que se le entregaban grandes poderes; o con la sociedad chilena en general, a la que se le obligaba a abrazar ideologías de extrema izquierda, convirtiendo incluso al país en un Estado pluricultural; lo que se proponía para la fiscalía no era nada. Y por supuesto, tampoco se tocaba lo que sí o sí se debiera reformar: que los fiscales, cuando cometen delitos, no sean investigados por sus amigos fiscales. Como pasaba en el Ejército -y se quiere reponer- o incluso con los curas antiguamente en Chile.

Y es que ni siquiera en países bananeros es así y por supuesto, en las naciones desarrolladas menos aún. Justamente en Estados Unidos, desde donde se copió en parte nuestro nuevo sistema penal, existen los fiscales que investigan, pero también existe una fiscalía externa e independiente, para investigar a los fiscales cuando cometen delitos, lo que por supuesto, es lógico.

Se investigan entre ellos

En Chile existen al menos 17 fiscales regionales, quienes son "dueños" o responsables de cada una de las causas de su región. Obviamente que en aras de la buena administración y de la eficiencia en el manejo del recurso humano, al menos dos veces al año se reúnen todos en la capital, junto a su jefe el fiscal nacional. ¿Qué pasa en esas reuniones?, se intercambian ideas, se conversa, comparten, se conocen unos a otros, hasta se tomas unas piscolas. Se hacen amigos y en ocho años de ejercicio conjunto, se construyen relaciones.

¿Qué sucede entonces cuando hay que investigar a uno de ellos? Lo hace uno de sus amigos, o al menos, el amigo de un amigo; otro fiscal regional y al igual que cuando un cura que había cometido un delito, luego era juzgado por un "tribunal eclesiástico" o un efectivo del Ejército que delinquía pasaba a la "justicia militar", hoy los fiscales son investigados -con facultades de no perseverar- por sus mismos pares.

No, no hay que devolver la justicia de militares (Fuerzas Armadas y de Orden) al fuero militar, pero también es urgente que a los fiscales no los sigan investigando sus propios "colegas". A ver si el fiscal nacional Ángel Valencia -a quien le tengo mucha fe- se atreve a tanto.